La reventa de décimos de la Lotería de Navidad es una práctica que, aunque común en ciertos ámbitos, está estrictamente regulada por la legislación española. Según el artículo 2 de la Instrucción General de Loterías, "se declara prohibida la reventa de los mismos con sobreprecio, castigándose esta reventa con arreglo a la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación".
Esta normativa establece que la venta de billetes de lotería solo puede realizarse en las administraciones de loterías legalmente establecidas o por vendedores autorizados que dependan exclusivamente de ellas. Por lo tanto, cualquier intento de revender un décimo sin la debida autorización es ilegal y puede acarrear sanciones significativas.
En situaciones donde se busca añadir un recargo al precio oficial del décimo, es imprescindible contar con la autorización expresa de la Sociedad Estatal de Loterías. Además, este sobreprecio no puede exceder el 20% del valor nominal del décimo, es decir, un máximo de 4 euros adicionales sobre los 20 euros que cuesta oficialmente.
Las asociaciones y peñas deportivas suelen solicitar este tipo de autorizaciones para añadir un pequeño recargo destinado a financiar sus actividades. Sin embargo, cualquier práctica no autorizada o que supere el límite establecido puede ser considerada una infracción grave. En tales casos, las sanciones pueden ser severas, llegando a implicar multas que superen la mitad del premio obtenido si el décimo resultara ganador.
Además, la reventa de décimos sin autorización puede estar vinculada a delitos como el blanqueo de capitales. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda advierte que aquellos que participen en estas prácticas se enfrentan a sanciones que podrían incluso superar el 50% del premio obtenido mediante los mismos.
Para los compradores, adquirir décimos a través de canales no oficiales también conlleva riesgos. La falta de garantías en caso de pérdida, robo o deterioro del décimo es una de las principales preocupaciones. Además, existe la posibilidad de adquirir boletos falsificados o manipulados, lo que supondría la pérdida total del dinero invertido sin posibilidad de reclamación.