La principal sanción en España sigue siendo el tema del exceso de velocidad, responsable de aproximadamente dos de cada tres infracciones en 2023. En ese sentido, La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene un control riguroso sobre las infracciones de tráfico en España, con especial énfasis en modalidades que más impactan en la seguridad vial, como son los excesos de velocidad.
Este procedimiento legal implica que el propietario debe declarar quién conducía el vehículo durante la multa. Sin embargo, la complejidad surge cuando el propietario no es el infractor, y utiliza a un tercero para asumir la responsabilidad y evitar la pérdida de puntos en el carné.
La 'estafa del abuelo': cómo funciona esta trampa
La llamada «estafa del abuelo» se apoya en que muchos conductores infractores recurren a familiares mayores, habitualmente sus abuelos, para que reconozcan ser ellos los que condujeron el vehículo en el momento de la sanción. Esto se debe a que sus abuelos, por norma general, suelen tener un uso mucho más reducio del coche y pueden situarse como supuestos responsables en las denuncias.
El objetivo principal de esta práctica fraudulenta es eludir la pérdida de puntos en el carné de conducir del verdadero causante. Esto puede resultar particularmente preocupante ya que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece la obligación ineludible de identificar al responsable en multas con pérdida de puntos. No hacerlo lleva aparejada una multa económica más elevada, pudiendo triplicar la cuantía de la sanción original.
Para ilustrar, una multa de 600 euros podría convertirse en una sanción máxima de 1.800 euros en caso de negarse a identificar al conductor. La ventaja para el propietario que devuelve la identidad de un tercero es no perder puntos en su carnet, pero esta práctica conlleva riesgos legales importantes para todos los participantes.
Implicaciones legales y riesgos de la falsedad documental
Asesorías jurídicas y especialistas en seguridad vial alertan que esta manipulación de la identidad al responder a una multa por exceso de velocidad se considera un delito grave de falsedad documental. Además de las sanciones administrativas, este tipo de fraude podría conllevar consecuencias penales, e incluso penas de prisión en casos extremos.
El Gobierno y autoridades de tráfico en España estudian medidas para reforzar los controles y prevenir este tipo de engaños, intentando limitar las consecuencias derivadas tanto para los titulares de los vehículos como para los verdaderos conductores implicados en infracciones.