La Policía Nacional ha lanzado una importante campaña dirigida a estudiantes al comienzo del curso escolar, advirtiendo que el acoso escolar constituye un delito penado por la ley. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, los agentes transmiten un mensaje directo a aquellos jóvenes que participan en situaciones de bullying, ya sea como agresores directos o como cómplices pasivos que contribuyen a perpetuar estas conductas en el entorno educativo. El mensaje policial es contundente: «¿Listo para volver al cole? Claro, echas de menos a tus compañeros de clase, en especial a ese al que pusiste un mote para reírte de él y al que te gusta poner en ridículo delante de todos con cualquier excusa. Si eres de los que abusa así de sus compañeros o de los que les ríen las gracias y miran para otro lado, piénsatelo dos veces porque el acoso escolar es delito», explica una agente en el vídeo.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las campañas preventivas que las fuerzas de seguridad desarrollan regularmente coincidiendo con el inicio del período lectivo, pero destaca por su enfoque directo hacia los potenciales acosadores. Los expertos en psicología educativa señalan que la sensibilización sobre las consecuencias legales del bullying puede constituir un elemento disuasorio efectivo, especialmente entre adolescentes, quienes no siempre son conscientes de que sus comportamientos pueden tener repercusiones más allá del ámbito escolar.
El bullying o acoso escolar se define como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se produce entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Las autoridades educativas vienen alertando de que las nuevas tecnologías han propiciado además la aparición del ciberbullying, una modalidad que extiende el acoso más allá del recinto escolar y dificulta la desconexión de la víctima con su situación de hostigamiento. El vídeo policial incide precisamente en la doble vertiente del problema: por un lado, quienes ejercen directamente el acoso mediante insultos, motes despectivos o agresiones; y por otro, quienes participan como espectadores que, con sus risas o su silencio, legitiman y refuerzan estas conductas.
«La responsabilidad legal alcanza a todos los implicados», recuerdan fuentes policiales consultadas para este reportaje. La legislación española contempla diversas sanciones para los casos de acoso escolar, cuya gravedad varía en función de la edad del agresor y de la naturaleza de los hechos. Para los menores de 14 años, la responsabilidad recae principalmente en los padres o tutores legales, quienes pueden enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios. A partir de esa edad, los menores pueden ser juzgados según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
El Código Penal tipifica varios delitos que pueden aplicarse en casos de acoso escolar, como el de lesiones, amenazas, coacciones o contra la integridad moral. Las penas pueden incluir desde la realización de trabajos en beneficio de la comunidad hasta internamientos en centros de menores en los casos más graves. Además, los centros educativos tienen la obligación de activar protocolos específicos cuando detectan posibles situaciones de acoso entre su alumnado.
Los especialistas coinciden en que la prevención constituye la herramienta más eficaz para combatir el acoso escolar. En este sentido, las campañas como la lanzada por la Policía Nacional cumplen una función fundamental al visibilizar el problema y alertar sobre sus consecuencias. Sin embargo, también resaltan la importancia de implementar programas educativos continuados que fomenten valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. La detección temprana de los casos de acoso es otro de los aspectos cruciales.
Para ello, tanto familias como docentes deben estar atentos a posibles señales de alarma en los menores, como cambios de comportamiento, aislamiento, bajada del rendimiento académico o resistencia a acudir al centro escolar. Ante la sospecha de que un menor pueda estar sufriendo acoso escolar, los expertos recomiendan seguir varios pasos. En primer lugar, establecer una comunicación basada en la confianza y el apoyo, evitando tanto la sobreprotección como la minimización del problema. A continuación, documentar los hechos de la forma más detallada posible y contactar con el centro educativo para activar los protocolos establecidos.
Si la situación no se resuelve a través de los cauces escolares, es posible acudir a la inspección educativa o, en casos graves, interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía Nacional dispone del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, un programa que ofrece charlas informativas y asesoramiento tanto a alumnos como a profesores y familias. Para los menores que se encuentran en situación de desprotección existe también el teléfono ANAR (900 20 20 10), una línea gratuita y confidencial que proporciona ayuda psicológica, social y jurídica inmediata a niños y adolescentes que lo necesiten. En 2024, este servicio atendió más de 35.000 llamadas relacionadas con acoso escolar, cifra que revela la magnitud del problema.
Si eres de los polis que perseguía y sancionaba a los ciudadanos por no ponerse las mascarillas de Koldo y abalos, que eres? Este país es la po!!@ 😎🍿