España se prepara para una nueva era de control fiscal con la obligación de las entidades bancarias de enviar información detallada sobre movimientos con tarjetas que superen los 25.000 euros anuales. Esta iniciativa, incluida en el Real Decreto 253/2025, tiene como propósito fortalecer la transparencia en las transacciones financieras y poner freno al fraude tributario y al blanqueo de capitales. Desde el 1 de enero de 2026, y en relación al ejercicio que comience esa fecha, los bancos y entidades de dinero electrónico tendrán que facilitar a la Agencia Tributaria no solo datos sobre operaciones con tarjetas, sino también información sobre préstamos, créditos y movimientos en efectivo, siempre que superen ciertos límites establecidos.
El marco normativo incluye medidas que impactarán a un amplio espectro de productos financieros, asegurando que Hacienda disponga de una visión integral del comportamiento económico de los ciudadanos en España. El artículo 37 del Real Decreto especifica con precisión qué información deben reportar las entidades financieras. Se exige que faciliten los datos identificativos de los titulares de las cuentas, fundamentales para ligar transacciones a individuos concretos, así como los saldos de fin de año, a 31 de diciembre, que reflejan el patrimonio en ese momento. Complementariamente, las entidades tendrán que comunicar el saldo medio del último trimestre del ejercicio, lo que brinda una perspectiva más dinámica sobre la liquidez del titular.
Además, deberán informar sobre los importes totales de cargos y abonos realizados durante el año, facilitando un amplio panorama sobre los flujos económicos. Este conjunto de datos permite a Hacienda realizar un seguimiento minucioso y detectar posibles irregularidades o movimientos sospechosos. Uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es la obligación de reportar operaciones con tarjetas, conforme al artículo 38 ter. Siempre que la suma anual de cargos y abonos supere los 25.000 euros, los bancos deberán presentar una declaración informativa detallada.
Esta medida afecta a todo tipo de tarjetas, ya sean de crédito, débito o prepago, e incluye las recargas en efectivo, lo que refleja la intención de Hacienda de abarcar todas las vías por las que el dinero fluye a través de estos instrumentos. Entre los datos que se deberán entregar figuran la identificación del titular, el tipo de tarjeta y el volumen total de ingresos registrados. Esta información es clave para contrastar y cruzar datos que puedan revelar incongruencias o evidencias de fraude. Además, el artículo 38 incluye cambios que exigen a las entidades reportar los saldos de préstamos y créditos superiores a 6.000 euros a 31 de diciembre. Esta disposición busca un control más exhaustivo sobre las obligaciones financieras de los ciudadanos.
Por otro lado, se fija un umbral de 3.000 euros para operaciones en efectivo, tales como imposiciones, retiradas y cobros derivados de documentos. Esta actualización pretende limitar el uso en efectivo en transacciones importantes, las cuales presentan mayor dificultad para su rastreo habitual. En conjunto, estas medidas fortalecen el seguimiento de movimientos monetarios que antes podían quedar fuera del alcance de la Agencia Tributaria. Es importante remarcar que todas estas obligaciones comienzan a aplicarse desde el 1 de enero de 2026. Por tanto, los movimientos realizados durante este 2025 no requerirán este tipo de reportes.
La primera declaración informativa correspondiente al ejercicio 2026 deberá presentarse conforme a los plazos habituales establecidos por Hacienda en los meses posteriores. Esta planificación busca ofrecer un periodo de adaptación tanto para las entidades financieras como para los contribuyentes, quienes deben tener en cuenta los nuevos límites y obligaciones para preparar su contabilidad y seguimiento financiero de cara a 2026.
Un Gran Hermano para los de a pie, mientras los políticos y sus " manos derechas" campan a su aire sin control.