El Ingreso Mínimo Vital experimentará una revalorización del 11,4% a partir de 2026, tal y como confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 23 de diciembre. Esta medida, que beneficiará a miles de familias vulnerables en España, forma parte de un Real Decreto-ley más amplio destinado a mantener el denominado 'escudo social' y garantizar la protección de los colectivos más desfavorecidos del país. La decisión del Ejecutivo se enmarca dentro de un paquete de actualizaciones que afecta a diferentes tipos de prestaciones del sistema de Seguridad Social español.
Junto al IMV, las pensiones no contributivas también se incrementarán un 11,4%, al igual que las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares. Esta subida representa uno de los mayores aumentos aplicados a estas prestaciones en los últimos años y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Por su parte, las pensiones contributivas experimentarán un incremento del 2,7% durante 2026, atendiendo a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Las pensiones mínimas, que afectan a aquellos pensionistas con menores ingresos, registrarán una subida superior al 7%. «El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer», ha destacado Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Real Decreto-ley aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2025 establece una diferenciación clara entre las distintas prestaciones del sistema de protección social español.
Las pensiones contributivas, que se financian mediante las cotizaciones de trabajadores y empresarios a lo largo de la vida laboral, subirán un 2,7%, cifra que coincide con el incremento del IPC registrado durante este ejercicio. Sin embargo, las prestaciones destinadas a los colectivos más vulnerables han merecido una atención especial por parte del Gobierno. Las pensiones mínimas, que constituyen una red de seguridad para aquellos pensionistas con carreras de cotización más cortas o menores bases reguladoras, experimentarán un aumento de más del 7%, muy por encima de la inflación. Esta decisión responde al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pensionistas con menores recursos económicos.
En el caso específico del Ingreso Mínimo Vital, la revalorización del 11,4% supone un impulso significativo para las familias beneficiarias de esta prestación. El IMV, que entró en vigor en junio de 2020, está diseñado para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Con esta actualización, la cuantía mensual del IMV aumentará proporcionalmente en todas sus modalidades, desde la unidad unipersonal hasta las familias con varios miembros.
Impacto económico y alcance de las medidas sociales
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros tendrán un impacto directo sobre millones de ciudadanos españoles. Los más de 9,4 millones de pensionistas contributivos verán incrementadas sus prestaciones mensuales en función del 2,7% establecido, mientras que cientos de miles de beneficiarios del IMV recibirán cuantías superiores desde el inicio de 2026. Las pensiones no contributivas, que se conceden a personas mayores de 65 años o con discapacidad que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, también se verán beneficiadas por el incremento del 11,4%.
Esta prestación, financiada mediante impuestos y no por cotizaciones, constituye una herramienta fundamental para combatir la pobreza entre la población de mayor edad y las personas con discapacidad. Asimismo, las pensiones de viudedad con cargas familiares y aquellas en las que existe un cónyuge a cargo experimentarán el mismo incremento del 11,4%, reconociendo así la mayor vulnerabilidad económica de estos hogares. La ministra Elma Saiz ha subrayado que estas actualizaciones forman parte del compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las familias españolas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor precariedad.
El escudo social y su continuidad en 2026
El Real Decreto-ley aprobado el 23 de diciembre de 2025 no se limita exclusivamente a la revalorización de pensiones y prestaciones sociales, sino que forma parte de un paquete más amplio conocido como 'escudo social'. Este conjunto de medidas, implementado inicialmente durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha sido prorrogado y adaptado en sucesivas ocasiones para hacer frente a distintas coyunturas económicas. El escudo social incluye diversas medidas de protección para los colectivos más vulnerables, como la prohibición de cortes de suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad, ayudas al alquiler, moratorias hipotecarias y otras prestaciones complementarias.
La continuidad de estas políticas durante 2026 responde a la voluntad del Ejecutivo de mantener una red de seguridad robusta frente a posibles episodios de inestabilidad económica. La actualización del Ingreso Mínimo Vital en un 11,4% representa un esfuerzo presupuestario significativo para las arcas públicas, pero también constituye una apuesta por la cohesión social y la reducción de la desigualdad. Desde su implementación, el IMV ha sido objeto de sucesivas reformas destinadas a ampliar su cobertura y mejorar su gestión, aunque también ha recibido críticas por la complejidad administrativa de los trámites y los retrasos en la concesión de las prestaciones.
¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital y quiénes pueden solicitarlo?
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia. Se configura como un derecho subjetivo que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder al IMV es necesario cumplir una serie de requisitos relacionados con la edad, la residencia legal en España, el nivel de ingresos y patrimonio, y la composición del hogar.
La cuantía de la prestación varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de los ingresos que ésta perciba. Con la revalorización del 11,4% aprobada para 2026, todas las modalidades del IMV experimentarán un incremento proporcional en sus importes mensuales. La gestión del IMV corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que tramita las solicitudes y realiza el seguimiento de los beneficiarios. Desde su puesta en marcha en 2020, el sistema ha experimentado mejoras técnicas y administrativas destinadas a agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de espera, aunque todavía persisten retos importantes en materia de eficiencia y cobertura efectiva.