Las retribuciones de más de 3,5 millones de empleados públicos en España experimentarán un incremento durante 2026 que podrá alcanzar el 2% si se cumplen determinadas condiciones económicas. El aumento contempla una parte fija del 1,5% con efectos desde el 1 de enero de 2026, a la que se sumará un 0,5% adicional en caso de que el índice de precios al consumo iguale o supere ese incremento inicial al finalizar el ejercicio.
Este incremento retributivo forma parte del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que establece una revalorización salarial acumulada del 11% para el período comprendido entre 2025 y 2028. El pacto fue rubricado inicialmente por el Ministerio de Función Pública junto con UGT y CSIF, incorporándose posteriormente CCOO al consenso alcanzado. En diciembre de 2024, el Pleno del Congreso convalidó el decreto ley que regula la revalorización salarial para 2025 y 2026, obteniendo el respaldo de la mayoría parlamentaria. Únicamente Vox votó en contra de la medida, mientras que Junts optó por la abstención. Esta aprobación garantiza la aplicación de los incrementos previstos en las administraciones públicas de todo el territorio nacional.
Distribución temporal de los incrementos retributivos
El calendario de aumentos salariales establecido en el acuerdo contempla diferentes porcentajes para cada ejercicio. Para 2025 se fijó una subida salarial consolidable del 2,5% respecto al año anterior. El incremento de 2026 presenta la particularidad de ser el único que combina una parte fija con otra variable vinculada a la inflación. Para los ejercicios posteriores, la subida programada para 2027 será del 4,5%, mientras que en 2028 el aumento alcanzará el 2%. Todos estos incrementos posteriores a 2026 tendrán carácter exclusivamente fijo, sin componentes variables asociados a indicadores económicos. Las organizaciones sindicales estiman que, considerando el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento acumulado que experimentarán los empleados públicos en el período 2025-2028 podría elevarse hasta el 11,5%, superando ligeramente el 11% establecido formalmente en el acuerdo.
El componente variable del incremento de 2026 funciona como una cláusula de garantía del poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Si al finalizar el año la inflación igualase o superase el 1,5% de subida fija, se activaría automáticamente el pago del 0,5% adicional. Este complemento retributivo se abonaría durante el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. De esta manera, se busca proteger el salario real de los empleados públicos frente a posibles desviaciones en la evolución de los precios durante el ejercicio.
Aplicación en las diferentes administraciones
Las normas reguladoras del incremento retributivo contenidas en el Real Decreto-ley son aplicables a todas las Administraciones públicas españolas, incluyendo el sector público estatal, autonómico y local. Esta aplicación universal garantiza la homogeneidad en las condiciones retributivas del conjunto del empleo público en España. En el ámbito del sector público estatal, el incremento correspondiente a 2025 se hizo efectivo en diciembre de ese año, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde enero. Las administraciones autonómicas y locales tienen la potestad de establecer su propio calendario de abono de importes y atrasos del ejercicio 2025. Este calendario podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028, o bien hacerse efectivo de manera concentrada en diciembre de 2025, según se determine en el marco de la negociación sindical correspondiente a cada ámbito administrativo.
Paralelamente a las mejoras retributivas, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a negociar sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Según han confirmado desde UGT, estas conversaciones comenzarían en enero de 2025 con el objetivo de que la medida entre en vigor entre febrero y marzo de este 2025. Esta reducción de jornada constituye una de las medidas pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que fue firmado en octubre de 2022. La implementación de esta jornada reducida supondría un avance significativo en las condiciones laborales del personal al servicio de la administración pública española.
Otro de los compromisos adquiridos por el Gobierno consiste en regular el teletrabajo en el sector público. Para abordar esta materia se ha acordado tratarla en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, un foro que reúne a representantes de la administración y de las organizaciones sindicales. La regulación del trabajo a distancia busca establecer un marco normativo claro y homogéneo que garantice los derechos de los empleados públicos que desarrollan su actividad en esta modalidad, adaptando la administración pública a las nuevas realidades laborales surgidas en los últimos años.
Función Pública ha constituido la comisión que velará por el cumplimiento de los puntos reflejados en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía. Esta comisión cuenta con la participación de UGT, CSIF y CCOO, garantizando así la supervisión tripartita de la implementación de las medidas acordadas. El acuerdo incluye diversas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores públicos, destacando la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención directa al público, entre otros aspectos relevantes para la modernización del empleo público en España.
Entre las medidas complementarias pactadas figura la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones realmente desempeñadas. Este proceso tendrá en cuenta tanto la experiencia acumulada como los requisitos formativos habilitantes para cada puesto. Asimismo, se impulsarán procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna mediante cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos a través del establecimiento del concurso abierto y permanente. Esta medida busca facilitar el desarrollo profesional del personal ya integrado en la administración pública. El texto del acuerdo contempla además la revisión y elevación durante 2026 de los complementos de residencia e insularidad, así como de las indemnizaciones por razón de servicio. Este ajuste tiene como objetivo eliminar las desigualdades existentes entre empleados públicos según su destino geográfico.
El acuerdo incorpora el refuerzo de la protección de la salud laboral con medidas específicas de apoyo psicológico y protocolos frente a agresiones. Estas disposiciones responden a la creciente preocupación por las condiciones de seguridad y bienestar emocional del personal que presta servicios en contacto directo con la ciudadanía. Otras mejoras incluyen actualizaciones retributivas del personal laboral destinado en el exterior, mejoras en materia de jubilación y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo, que engloba a Muface, Mugeju e Isfas, garantizando así una cobertura sanitaria adecuada para el conjunto de los empleados públicos y sus familias.
Hay ganas de verlo reventar todo. Desde lejos, eso sí 😸