El debate sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a cobrar fuerza en este 2026, en un contexto donde la necesidad de adaptar los salarios al aumento constante del coste de vida se ha convertido en una prioridad para trabajadores, sindicatos y el propio Gobierno. La subida de precios en productos básicos, energía y servicios continúa condicionando el presupuesto familiar y afecta especialmente a quienes perciben los salarios mínimos.
En la práctica, esto significa que muchas familias españolas están sufriendo una pérdida del poder adquisitivo que complica la cobertura de gastos esenciales sin sacrificar calidad de vida. El aumento progresivo del SMI es uno de los instrumentos llamados a equilibrar esta situación, pero la cuestión que muchos trabajadores se plantean es cuándo y cómo percibirán realmente el nuevo incremento en sus nóminas si finalmente se aprueba.
Contexto económico y evolución salarial
Desde el inicio de la pandemia hasta este 2026, los salarios medios en España han registrado un incremento nominal del 9,19%. Sin embargo, esta subida queda muy lejos de compensar la inflación acumulada del 23,1% en el mismo periodo, tal como indican los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto revela claramente una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que dificulta que los hogares puedan hacer frente a gastos básicos sin deteriorar su nivel de vida.
Además, la crisis inflacionaria se refleja de forma especialmente aguda en otro de los elementos claves del coste de vida: la vivienda. Según informaciones recientes del portal Idealista, en 2025 el precio medio de la vivienda en venta en España ha subido un 16,4%, mientras que los alquileres se han encarecido un 5,8%. Tales incrementos elevan la presión económica sobre los hogares que dependen de ingresos mínimos y ponen de manifiesto la urgencia de acometer una subida del SMI que no solo mantenga la inflación, sino que permita una mejora real en la capacidad de compra.
El precedente de la subida del SMI en 2025: aplicación retroactiva
Los movimientos que marcan la pauta para 2026 pueden observarse en el acuerdo alcanzado el pasado 10 de febrero de 2025, cuando se firmó la última subida oficial del salario mínimo. En ese momento, el SMI quedó fijado en 1.184 euros brutos mensuales distribuidos en catorce pagas o 1.381,33 euros en doce pagas, lo que implicó un aumento de 50 euros respecto al año anterior.
De forma destacable, aunque la ratificación del aumento se produjo a principios de febrero, la subida tuvo un efecto retroactivo, aplicándose desde el 1 de enero de 2025. Esto permitió que los trabajadores percibieran en su nómina los complementos correspondientes a ese mes y evitar así pérdida económica por la demora en la firma del acuerdo. Este precedente es clave para entender cómo podría aplicarse la subida del SMI en 2026 y genera expectativas entre los trabajadores sobre la retroactividad del nuevo incremento.
Propuesta y expectativas para la subida del salario mínimo en 2026
La última propuesta oficial que se baraja para este próximo año establece un aumento del 3,1% sobre el SMI actual, lo que situaría la cuantía en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. Esto equivale a un incremento de 37 euros al mes respecto a los 1.184 euros vigentes en 2025. No obstante, esta subida se acompaña de una variante importante: la posible exención del sueldo mínimo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia salarial ha recomendado dos escenarios para la subida: un incremento del 3,1% si se mantiene libre de tributación o del 4,7% en caso de que pase a tributar. La elección de una u otra opción influirá tanto en el bolsillo de los trabajadores como en las arcas públicas. Esta incertidumbre añade complejidad a las negociaciones que todavía deben concretarse antes de su aprobación definitiva.
En cualquier caso, la experiencia del pasado 2025 indica que, aunque la firma del acuerdo se demore hasta febrero, la subida del SMI podría aplicarse desde el primer día del año, beneficiando así a los trabajadores con un abono retroactivo y evitando retrasos en la percepción del incremento.