El salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 se encuentra en pleno proceso de negociación entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y los agentes sociales. La propuesta del Gobierno plantea un incremento del 3,1% que situaría el SMI en 1.221 euros mensuales, 37 euros más que la cuantía actual de 1.184 euros establecida en febrero de 2025 tras una subida del 4,41%. Esta nueva actualización afectaría a millones de trabajadores que perciben los salarios más bajos del país. Las conversaciones entre el Ejecutivo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme comenzaron el pasado viernes con el objetivo de alcanzar un consenso sobre la subida del salario mínimo que beneficie a aquellos empleados que se encuentran en el nivel retributivo más bajo. La reunión puso de manifiesto las diferencias existentes entre las partes, aunque todas coinciden en la necesidad de actualizar esta cuantía que afecta directamente al poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables.
El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales una propuesta de incremento del 3,1% del salario mínimo interprofesional, siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora en esta materia. De aprobarse esta subida, el SMI alcanzaría los 1.221 euros mensuales, lo que supondría 17.094 euros brutos anuales a 14 pagas. Esta cifra representa un aumento de 37 euros al mes respecto a la actual retribución mínima. El Comité de Expertos había planteado dos escenarios posibles: incrementar la cuantía un 3,1% si las personas beneficiadas no tenían que declarar IRPF, o un 4,7% si el SMI pasaba a tributar. El Gobierno se ha inclinado por la primera opción, manteniendo así la exención fiscal para los perceptores del salario mínimo, una medida que beneficia especialmente a los trabajadores con menores ingresos.
Las posiciones de los agentes sociales muestran diferencias significativas en esta negociación. Los sindicatos CCOO y UGT han puesto sobre la mesa una subida del 7,5% con tributación, una propuesta considerablemente más ambiciosa que la planteada por el Ejecutivo. Para UGT, el aumento del SMI "supone una demanda justa y coherente con la situación de bonanza de la economía y de las empresas que, dada la evidencia empírica, serviría a su vez para fortalecer el crecimiento del consumo, el empleo y la propia actividad", además de incentivar la productividad. Por su parte, la patronal representada por CEOE y Cepyme ha planteado un incremento del 1,5% hasta los 1.202 euros sin pagar IRPF, una cifra muy inferior a la propuesta gubernamental. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en que es fundamental que la propuesta venga del Gobierno en bloque para evitar desajustes en decisiones clave que afectan a este salario.
"El planteamiento que tiene que hacerse será un planteamiento del Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, y por tanto, cuando lleguen al acuerdo o no lleguen al acuerdo, estén de acuerdo con algo o no, pues nos lo plantearán y contestaremos. Yo no voy a colaborar en nombre de las empresas cuando no sabemos realmente qué plataforma ni qué planteamiento se hace", afirmó Garamendi en declaraciones recientes.
La subida del SMI suele afectar a aquellos trabajadores que tienen unos ingresos por debajo de la nueva actualización. Con la subida acordada en febrero de 2025, se vieron beneficiados 2,4 millones de trabajadores, de los cuales un 65,8% fueron mujeres. Esta distribución por género refleja la mayor presencia femenina en empleos con retribuciones más bajas y jornadas parciales. De aprobarse el nuevo incremento para 2026, se espera que una cifra similar de trabajadores se beneficie de la actualización, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, los servicios de limpieza y el cuidado de personas. Estos ámbitos concentran gran parte de los empleos con salarios próximos al mínimo interprofesional.
Proceso de aprobación y entrada en vigor
El nuevo salario mínimo interprofesional no tiene fecha de entrada en vigor puesto que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo entre las partes negociadoras. Una vez se logre el consenso, el texto deberá trasladarse al Consejo de Ministros, además de completarse la elaboración de informes y un proceso de consulta formal con las entidades sociales para que puedan realizar sus aportaciones. En los últimos años, una vez completado el proceso de negociaciones e informes, el Ejecutivo ha aprobado el SMI mediante decreto ley, por lo que esta podría ser de nuevo la vía escogida. De ser así, implicaría llevarlo al Congreso en un plazo de 30 días para su convalidación. No obstante, indiferentemente de la fecha en la que se apruebe, la intención de Trabajo es aprobarlo con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026, lo que garantizaría que los trabajadores perciban las diferencias correspondientes desde comienzos de año.
El salario mínimo interprofesional es la retribución mínima que debe percibir un trabajador por una jornada completa en España, establecido anualmente por el Gobierno tras consultar con los agentes sociales. Desde 2018, el SMI ha experimentado un crecimiento significativo en España, pasando de los 736 euros mensuales de aquel año a los actuales 1.184 euros, lo que representa un incremento superior al 60% en menos de una década. Esta política de actualización del salario mínimo ha formado parte de los compromisos del Gobierno para reducir la desigualdad salarial y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con menores ingresos. El objetivo marcado en su momento era alcanzar el 60% del salario medio español, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Carta Social Europea.
El aumento del salario mínimo interprofesional tiene efectos directos en las cotizaciones sociales tanto de trabajadores como de empresarios. Un SMI más elevado incrementa la base de cotización mínima, lo que se traduce en mayores aportaciones a la Seguridad Social. Para las empresas, esto supone un incremento en el coste laboral total por trabajador, que puede alcanzar aproximadamente 1.900 euros mensuales considerando salario bruto y cotizaciones. Este aumento en las cotizaciones repercute positivamente en las futuras pensiones de los trabajadores que cotizan por el mínimo, al acumular mayores bases de cotización durante su vida laboral. Sin embargo, también representa un desafío para las cuentas de la Seguridad Social, que debe garantizar la sostenibilidad del sistema con un número creciente de pensionistas.
¿Qué países europeos tienen el SMI más alto?
En el contexto europeo, España se sitúa en una posición intermedia en cuanto al salario mínimo. Luxemburgo encabeza el ranking con más de 2.300 euros mensuales, seguido de Irlanda con aproximadamente 1.775 euros y Países Bajos con cerca de 1.750 euros. Alemania y Francia también superan los 1.500 euros mensuales en sus respectivos salarios mínimos. Por debajo de España se encuentran países como Portugal, con alrededor de 820 euros, o los estados de Europa del Este, donde los salarios mínimos son considerablemente inferiores. Esta disparidad salarial dentro de la Unión Europea es uno de los factores que impulsan los movimientos migratorios laborales entre países miembros.
Aunque no existe una fecha exacta establecida, se espera que el acuerdo sobre el SMI 2026 se alcance en las próximas semanas. Históricamente, las negociaciones del salario mínimo se han cerrado entre enero y febrero, aunque en ocasiones se han prolongado hasta marzo o abril. La voluntad del Ministerio de Trabajo de aplicar el incremento con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 presiona para acelerar el proceso negociador. Una vez alcanzado el consenso o decidida la cuantía por parte del Gobierno, el Consejo de Ministros debe aprobar el decreto ley correspondiente, que posteriormente será remitido al Congreso para su convalidación. Los trabajadores afectados comenzarían a percibir el nuevo salario una vez publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado, con el abono retroactivo de las diferencias acumuladas desde principios de año.