La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como Ley de Bienestar Animal, ha introducido cambios significativos en la regulación de la cría de animales de compañía en España. El artículo 53 de esta normativa establece condiciones específicas que afectan tanto a criadores profesionales como a particulares que tengan mascotas reproductoras, incluyendo casos de embarazos accidentales. Esta legislación, aprobada en 2023, busca controlar la cría descontrolada y garantizar el bienestar de los animales, evitando situaciones de explotación comercial irregular y protegiendo a las mascotas de prácticas irresponsables.
Sin embargo, su aplicación ha generado dudas entre los propietarios de perros y gatos sobre qué ocurre cuando su mascota se queda embarazada de forma no planificada. El texto legal no prohíbe que una perra o gata gestante dé a luz en un hogar particular, pero sí regula estrictamente qué puede hacerse después con las crías. La normativa distingue claramente entre embarazos accidentales domésticos y actividades de cría, ya sean comerciales u ocasionales, estableciendo obligaciones diferentes para cada caso.
Requisitos del artículo 53
El artículo 53 de la Ley 7/2023 establece que solo pueden criar animales de compañía las personas inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Esta disposición convierte la cría en una actividad controlada legalmente, eliminando la posibilidad de que particulares críen animales 'por su cuenta' sin cumplir requisitos administrativos. La normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado diferencia dos modalidades. Por un lado, la cría comercial, que requiere inscripción previa como criador profesional y cumplimiento de estándares sanitarios y de bienestar animal.
Por otro, la cría no comercial realizada por particulares, que también queda sometida a obligaciones específicas aunque se trate de camadas puntuales u ocasionales. Para los particulares que deseen realizar cría ocasional, la ley exige inscribir a los animales como reproductores en el registro oficial. Esta inscripción implica que el propietario queda automáticamente registrado como criador en la categoría correspondiente, incluso si solo pretende tener una camada única. El objetivo es tener un control administrativo completo sobre todas las actividades de cría que se produzcan en territorio español.
Qué ocurre cuando una perra se queda embarazada accidentalmente
El embarazo accidental de una mascota no constituye por sí mismo una infracción de la Ley de Bienestar Animal. La normativa no sanciona el hecho biológico de que una perra o gata quede gestante sin que su propietario lo haya planificado, situación que puede producirse durante un paseo, en zonas comunes o por descuido. Sin embargo, la ley sí regula qué puede hacerse con los cachorros una vez nacidos. Los propietarios no pueden vender o distribuir las crías de forma comercial sin estar registrados como criadores.
Tampoco pueden publicitar camadas como si se tratase de un negocio ni realizar cría habitual o repetitiva sin cumplir los requisitos legales establecidos en la normativa. En casos domésticos normales, los particulares pueden cuidar la camada, garantizar su bienestar veterinario y dar los cachorros en adopción responsable. También están obligados a identificar a todos los perros mediante microchip, requisito obligatorio en España para cualquier can independientemente de su origen. Estas acciones se consideran gestión responsable de una situación accidental y no requieren inscripción como criador.
Cuándo se considera cría no autorizada según la normativa
La Ley de Bienestar Animal establece sanciones para quienes realicen cría no autorizada de animales de compañía. Se considera que existe actividad de cría cuando una persona tiene varias camadas de forma habitual, cruza animales con intención de vender las crías o publicita cachorros como actividad económica sin estar registrada como criador. Las autoridades competentes pueden interpretar que existe cría irregular cuando se detectan patrones repetitivos. Por ejemplo, si un particular tiene camadas de su perra cada año o con frecuencia superior a lo esperable en un caso accidental.
También cuando se anuncia la venta de cachorros en plataformas de compraventa, redes sociales o mediante carteles, presentando la actividad como un negocio. Las sanciones por cría no registrada pueden ser graves, incluyendo multas económicas cuya cuantía varía según la normativa autonómica aplicable. Además, las autoridades pueden decomisar a los animales si se considera que están en situación de riesgo o siendo explotados sin cumplir los estándares de bienestar establecidos en la legislación vigente.
Obligaciones de identificación y bienestar animal
Independientemente de si se trata de cría planificada o embarazo accidental, todos los cachorros de perro deben ser identificados mediante microchip antes de ser entregados a terceros. Esta obligación es aplicable en toda España, aunque los plazos concretos pueden variar según la comunidad autónoma, generalmente antes de los tres meses de edad. Los propietarios también deben garantizar la atención veterinaria adecuada para la madre y las crías, incluyendo revisiones sanitarias, desparasitaciones y, cuando corresponda por edad, la aplicación del calendario de vacunación.
El incumplimiento de estas obligaciones puede considerarse maltrato animal por omisión de cuidados necesarios. La entrega de cachorros, incluso en adopción gratuita, debe realizarse con garantías. Es recomendable documentar la cesión mediante un contrato de adopción que especifique las condiciones, el estado sanitario del animal y el compromiso del nuevo propietario de mantener su bienestar. Esta documentación protege tanto al cedente como al adoptante ante posibles problemas futuros.
¿Puedo dar en adopción cachorros sin ser criador registrado?
La normativa permite que particulares den en adopción cachorros nacidos de embarazos accidentales sin necesidad de estar registrados como criadores, siempre que se trate de casos puntuales y no exista ánimo de lucro ni actividad habitual. La adopción debe ser gratuita o, como máximo, cubrir gastos veterinarios documentados. Sin embargo, esta excepción no es aplicable cuando existe un patrón repetitivo o intencionalidad. Si las autoridades detectan que una persona ha tenido varias camadas en períodos cortos de tiempo, pueden considerar que existe actividad de cría encubierta como adopción, lo que constituiría una infracción administrativa sancionable.
La Ley 7/2023 establece un régimen sancionador específico para infracciones relacionadas con el bienestar animal, clasificadas en leves, graves y muy graves. La cría no autorizada se considera generalmente infracción grave, con multas que pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros según la gravedad y reincidencia. Las infracciones muy graves, que incluyen maltrato con resultado de muerte o lesiones permanentes, pueden alcanzar multas de hasta 200.000 euros. Además de las sanciones económicas, las autoridades pueden imponer prohibiciones de tenencia de animales, cierre de instalaciones y decomiso de los ejemplares.