Una transformación silenciosa está sacudiendo el sistema de pensiones. Más de 1,3 millones de personas están recibiendo ya un complemento económico mensual que muchos pensionistas desconocen o no han solicitado. Se trata de una prestación que puede elevar la nómina hasta en 147 euros cada mes, exclusivamente por haber tenido descendencia. Los registros oficiales de enero de 2026 revelan que 1.324.934 beneficiarios perciben este complemento, una cifra que representa un aumento del 27,11% respecto al año anterior. Detrás de este crecimiento explosivo se encuentra una batalla legal que ha roto las barreras de género y ha abierto las puertas a miles de padres varones que, hasta hace poco, veían sus solicitudes rechazadas sistemáticamente.
El complemento para la reducción de la brecha de género otorga 36,90 euros mensuales por cada hijo, con un tope máximo de cuatro descendientes. Esto significa que una familia con dos hijos puede recibir 73,80 euros adicionales al mes, mientras que aquellos con cuatro o más descendientes alcanzan los 147,60 euros mensuales. Una cantidad nada despreciable para economías familiares ajustadas.
La revolución judicial que cambió las reglas
El escenario actual es consecuencia directa de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declararon discriminatoria la normativa española por exigir requisitos adicionales a los hombres. Miguel Arenas, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, subraya que «tras las sentencias de la justicia europea que declaran discriminatorio exigir requisitos adicionales a los padres, los hombres que tengan hijos y cobren una pensión contributiva pueden reclamar este complemento». Esta apertura legal ha provocado que 280.149 padres ya cobren la prestación, representando el 21,14% del total de beneficiarios. Aunque las mujeres todavía dominan ampliamente con el 78,86%, la tendencia muestra un incremento constante de la participación masculina. La doctrina judicial europea obligó al sistema español a eliminar las barreras que impedían a los padres acceder en igualdad de condiciones.
La normativa española mantenía formalmente diferencias que penalizaban a los varones, pero la práctica administrativa se ha visto forzada a adaptarse. Pese a la resistencia inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los tribunales de lo social están reconociendo este derecho de forma sistemática, creando una jurisprudencia sólida que respalda a los solicitantes. Para los nuevos pensionistas, el proceso se ha simplificado notablemente. No se requiere documentación adicional más allá de acreditar la filiación mediante el Libro de Familia. La solicitud se realiza directamente al INSS, que en la mayoría de casos la tramita automáticamente si se cumplen los requisitos básicos.
Sin embargo, para aquellos padres que fueron discriminados anteriormente y ya están jubilados, el camino puede ser más complejo. Miguel Arenas advierte que el primer paso es solicitarlo formalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En caso de recibir una negativa inicial, «se debe presentar una reclamación previa por la vía administrativa». Si la reclamación administrativa resulta desestimada, la siguiente fase implica acudir a los tribunales de lo social, donde la justicia está reconociendo este derecho a los padres de manera generalizada. Esta judicialización ha empujado al propio INSS a emitir criterios internos para suavizar su resistencia y agilizar las concesiones.
El país de las ayudas.