La inmigración es uno de los temas de candente actualidad, que afectan especialmente a comunidades como Balears. ¿Qué medidas proponen los principales partidos que concurren a las elecciones el próximo 10 de noviembre?
El PSOE ofrece en su programa electoral un pacto de Estado sobre inmigración, incluyendo la revisión de la legislación actual, eliminando el principio de reciprocidad del derecho al sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España.
Además, proponen reformar la legislación sobre la obtención de la nacionalidad por residencia y medidas específicas para apoyar a mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, la agilización de trámites administrativos, en particular en los casos de arraigo y reagrupación familiar, y el desarrollo de aspectos pendientes de la legislación sobre derecho de asilo.
El PP asegura que impulsará «una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo. La lucha contra las mafias de inmigración ilegal será una prioridad basada en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera».
Además, ampliarán los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares, harán un plan especial de lucha contra la inmigración irregular, reforzarán los acuerdos de cooperación con los países origen y tránsito de la inmigración ilegal, potenciarán la cooperación policial con los países donde se asientan las mafias que explotan a los inmigrantes y también impulsarán el despliegue de FRONTEX para el control de las fronteras.
Los populares también explican que «ante la actual presión migratoria, como consecuencia de las decisiones unilaterales del gobierno socialista, proponemos la creación de un Fondo Especial para la atención de la inmigración irregular que permita dar apoyo económico a aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que por esta causa vean desbordados sus servicios de acogida».
Unidas Podemos explica que su programa electoral «incluye medidas para establecer vías seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas, estableciendo para 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo».
También pretende flexibilizar los procesos de reagrupación, recuperar la política de asilo, aumentar los programas de reasentamiento, cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE), garantizar que los niños, niñas y jóvenes que viajan solos reciban un tratamiento prioritario y combatir el racismo mediante la ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia y otra norma específica contra la trata de seres humanos.
«En Podemos creemos que se deben garantizar los derechos humanos y civiles de las personas migradas. Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida», concluyen.
Ciudadanos sostiene que es constancia de «la importancia de la inmigración en nuestra sociedad. Una inmigración ordenada y legal nos enriquece en todos los sentidos: cultural y económicamente. La inmigración nos rejuvenece y aporta ingresos, especialmente a la caja de las pensiones».
La formación naranja apuesta por una «inmigración adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, una inmigración integrada es positivo para todos. Queremos poner un sistema como el de Canadá, basado en un baremo de puntos por criterios objetivos para atraer al máximo número de talentos de fuera».
Respecto a la lucha contra las mafias ilegales, «que se lucran a costa de la vida de los inmigrantes, proponemos revisar el Código Penal para tipificar el delito de tráfico de seres humanos y estableceremos su imprescriptibilidad y su persecución internacional para que las mafias que juegan con la vida de estas personas para lucrarse no queden impunes en ningún lugar del mundo».
Vox asegura que está «a favor de la inmigración legal, controlada y de personas dispuestas a trabajar y a integrarse en nuestro país. Por ello hemos denunciado el efecto llamada de la izquierda que sólo ha propiciado que las mafias de trata de personas incrementen su negocio. Estamos en contra de subvenciones y ayudas a ONGs que colaboran con las mafias como el caso de Open Arms».
En su opinión, «el efecto llamada es perverso pues surge la pregunta: ¿qué le decimos a los inmigrantes legales que cumplen todos los trámites cuando los que entran de manera ilegal quedan libres y en la calle?
La formación de ultraderecha exige «que se cumpla la ley y que se expulse de forma inmediata a los inmigrantes que acceden a nuestro país de forma ilegal». Además, precisa que «no podrán solicitar en el futuro la entrada en el país y los residentes legales que delincan de forma continuada y sean condenados se procurará que sean expulsados del país y cumplan las condenas en sus países de origen».
Més Esquerra recuerda que «Mallorca ha sido un país que producía migrantes económicos». Por ello, «ahora queremos acoger a aquellos que por motivos económicos, políticos y humanitarios necesitan venir a nuestra casa».En este sentido, explican que trabajarán por «un gobierno estatal de izquierda plural que sea puntero en las políticas de acogida y de integración de la población refugiada y migrada (incluso el permiso de trabajo para los MENA's). «Por humanidad y porque contribuiremos a hacer mejor y más próspera nuestra sociedad», precisa.
La coalición asegura que «un gobierno de Més-Esquerra presionará a la UE para que se acabe el drama indecente de la frontera del Mediterráneo» y destaca que serán «una voz más a favor del 'Refugees Welcome' y obligarán al Estado a renovar y potenciar toda la legislación contra el racismo y la xenofobia».
Más País no ha facilitado información sobre sus propuestas en materia de inmigración.