El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos, ya que cada vez encuentran más dificultades. ¿Qué proponen los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre?
El PSOE se compromete a llevar «el derecho a la vivienda del plano a la realidad». Para ello, impulsarán una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y los grandes 'tenedores' de vivienda.
Los socialistas apuestan por «recuperar la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta».
El PP asegura que favorecerá el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes. Además, implantará «sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios».
Los populares también se comprometen a flexibilizar las operaciones de Regeneración Urbana, para facilitar ajustes de edificabilidad y de usos del suelo, teniendo en cuenta la perspectiva de una mayor sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.
También anuncian que fomentarán la política de rehabilitación de la edificación en centros urbanos y aumentarán la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual.
Ciudadanos se compromete a ayudar a quien quiera comprar su primera vivienda en propiedad con un préstamo sin intereses de hasta 15.000 euros para cubrir parte del coste de la entrada. Además, facilitarán los contratos de alquiler con opción a compra.
También proponen aprobar una ley nacional de vivienda y a incrementar el parque de viviendas sociales de alquiler, así como a eliminar las trabas y simplificar los trámites administrativos en la planificación municipal y en los proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas. Desarrollarán la figura de las viviendas dotacionales públicas para ofrecer un servicio de alquiler temporal a las personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda.
La formación naranja incentivará la puesta en el mercado de viviendas a precios asequibles con bonificaciones en el IRPF a los particulares cuyas viviendas se ajusten a las condiciones y precios fijados por debajo de mercado.
Unidas Podemos quiere luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda. Para ello, auditarán los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporarán a los programas de vivienda las cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Harán un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas y acabarán con las SOCIMI.
Su intención es incrementar en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda. También blindarán en la Constitución el derecho a la vivienda y pretenden garantizar un alquiler estable, asequible y seguro, al tiempo que quieren prohibir los desalojos que sin alternativa habitacional
Vox propone edificar más VPO en colaboración con la empresa privada. «Las promociones mixtas resultan más económicas y eficientes al tiempo que permiten que personas de diferente origen convivan sin crear guetos. Deben acceder los españoles y los residentes extranjeros legales».
También considera que «se debe actuar contra los okupas profesionales para que salgan de las casas en minutos una vez se denuncie. Para los casos de ocupación por necesidad son los servicios sociales y no los propietarios los que deben asumir la responsabilidad».
Otras de sus propuestas son construir pisos más pequeños para jóvenes y nuevas familias, acorde a sus necesidades como piden los promotores, así como un plan para que la administración avale a los jóvenes y a las familias con menos recursos, que puedan alquilar vivienda y que los propietarios tengan la seguridad de cobrar. También dejan claro que no expropiarán viviendas vacías.
Más País explica que impulsarán una inversión gradual en políticas activas de vivienda que empiece con el 0,8 % del gasto público y a final de legislatura acabe en el 2 % (convergiendo con los niveles europeos). Este concepto no incluye otros gastos en vivienda, como deducciones fiscales. La inversión, vía financiación pública y subvenciones, irá dirigida a la promoción de vivienda pública en alquiler y en régimen de cooperativa, a la rehabilitación energética de vivienda y a la movilización de vivienda vacía, fomentando la construcción con materiales sostenibles.
Además, señalan que se establecerá una definición en legislación básica estatal de la vivienda vacía, para una posible regulación autonómica/local y aplicación de tributos (recargo de IBI hasta 50 %).
Més-Esquerra apuesta por impulsar la ley estatal de vivienda para que el acceso a la vivienda sea un derecho y el alquiler social sea prioritario, siempre garantizando el límite del 25 %. Además, tienen la intención de limitar con el Estado el incremento del precio del alquiler o del precio máximo del alquiler de los nuevos pisos que entren en el mercado. Para ello, se dotará a los municipios de la capacidad de determinar, de forma temporal, áreas afectadas por incrementos de rentas abusivas de alquiler.
La coalición pretende incrementar las ayudas del plan estatal de vivienda, establecer incentivos a los buenos arrendatarios por fijar precios de alquiler accesibles, fomentar contratos de larga duración y alquileres accesibles. También incrementarán la desgravación progresiva de los impuestos sobre las rentas y reclamarán más penalización de las acciones delictivas de asentamientos inmobiliarios.