El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este viernes su «preocupación» por la advertencia de Repsol de sacar proyectos de España por el mantenimiento del impuesto a las energéticas, y ha advertido de la tensión de «deslocalización de la inversión y del empleo» que pueden sufrir este tipo de compañías. En declaraciones a Canal Sur, Feijóo ha dicho que Repsol es una de las grandes multinacionales españolas y que lo que está ocurriendo es que si a una determinada actividad industrial y económica se le imponen unos impuestos «muy por encima» de otros países ,«hay una tensión de deslocalización de la inversión y deslocalización del empleo».
«Y eso lógicamente preocupa», ha señalado Feijóo, quien ha recordado que en su momento Ferrovial trasladó su sede fuera de España y ahora Repsol está mandando un mensaje de que «una cosa es un impuesto excepcional durante un año y otra cosa es que ese impuesto se convierta en ordinario a determinadas compañías». Según el líder del PP, esas compañías «lógicamente tienen tensiones de rentabilidad» y pueden hacer esas inversiones donde «se les facilita desde el punto de vista fiscal esa inversión con menor pago».
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la compañía, «antes de tomar cualquier decisión de inversión en España», analizará si las condiciones son «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos», y ha asegurado que si no es así, se cuenta con «otras alternativas». En un conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, Imaz se refirió así al acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición por el que se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca -vigente actualmente para este año y 2024-, que subrayó que se basa en esa negociación entre dos partidos políticos y no representa, a día de hoy, «ningún tipo de ley o proyecto a seguir».
No obstante, insistió en que el actual impuesto extraordinario que existe -que grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares-, y que hace que Repsol sea la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año, «es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio». «Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país», afirmó, subrayando que una prórroga de este gravamen «penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética».
A este respecto, puso como ejemplo que la unidad de Química en España del grupo está pagando este impuesto sobre las ganancias extraordinarias en función de la cifra de facturación, «cuando a nivel neto está incurriendo en pérdidas y tiene dificultades para competir en el mercado internacional». Por ello, indicó que Repsol prevé «grandes inversiones» en la transformación de sus complejos industriales en España, aunque consideró que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país». Imaz señaló que España es «la principal geografía» donde está invirtiendo el grupo y donde prevé seguir desarrollando «esta gran inversión» en sus activos industriales, aunque añadió que para que esto siga siendo así es necesario «tener un marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable».