El sindicato Manos Limpias ha presentado este viernes una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por un presunto delito de usurpación de funciones al entender que con la ley de amnistía vulnera la separación de poderes porque invade competencias propias del poder judicial. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, apunta que también va contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el diputado del PSOE Óscar Puente; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista Irache García Pérez como colaboradores necesarios en el delito.
Asimismo, solicita al Supremo la suspensión cautelar de esa ley de amnistía -que hasta el momento ni siquiera se ha registrado en el Congreso de los Diputados por falta de acuerdo entre PSOE y Junts- y advierte de que esta medida «no supone invadir en este caso competencias del Ejecutivo» porque se está usurpando, «hurtando competencias del poder judicial». En cinco páginas señala que el PSOE para poder formar Gobierno tras las elecciones generales necesita el apoyo de ERC y Junts, y que el líder de esta última formación «el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont» impone una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Manos Limpias explica que con estas condiciones, el PSOE inicia «una campaña engañosa» en medios para transmitir a la sociedad española la idea de que la amnistía «tiene cabida en la Constitución» y que «habría que ser generoso en aras a la concordia». Para el sindicato, esa justificación para la amnistía «supone un gran fraude de ley» porque se apela a «una falsa concordia de las instituciones»: «Esta justificación es totalmente falsa y fraudulenta puesto que el acuerdo sobre la amnistía se basa en un trueque o moneda de cambio, esto es los siete votos del partido Junts necesarios para la elección del denunciado como presidente del Gobierno».
Indica que esta amnistía tendrá una serie de efectos dado que supone «la usurpación de atribuciones judiciales» y señala así que desautoriza y deja sin efecto la sentencia del Supremo sobre el 'procés', las órdenes de búsqueda y captura del magistrado Pablo Llarena sobre Puigdemont, el juicio contra los líderes independentistas que malversaron caudales públicos para el referéndum ilegal, y las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra CDR y Tsunami Democratic. Además, indica que colateralmente tiene dos consecuencias: una vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y «una vulneración del principio de separación de poderes del artículo 117 CE que establece que la Justicia corresponde únicamente a los jueces».