La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la «plena constitucionalidad» de la proposición de ley de amnistía registrada por su partido, a diferencia de la propuesta presentada por los independentistas en junio pasado. «Seguimos pensando que no era constitucional ese texto que ellos presentaron».
«Sin embargo, nos hemos afanado en las últimas semanas, en los últimos meses, por presentar un texto que tenga encaje en el ordenamiento jurídico», ha explicado en una entrevista en TVE. Montero ha insistido en que, aunque solo la ha firmado el PSOE, es un texto consensuado que contará con el apoyo seguro del bloque progresista que respalda la investidura de Sánchez. Ha descartado así problemas de última hora con los demás partidos del bloque y ha argumentado que la presenta el PSOE por ser el grupo mayoritario responsable de formar gobierno.
También ha negado que se hayan «saltado» la separación de poderes impulsando esta ley, que es «muy clara» en el período que abarca y en los delitos amparados por esta «medida de gracia» que «el Gobierno de España y, en este caso, el PSOE, como principal partido, quiere registrar en las Cortes Generales para que tengamos un puente entre las dos trincheras que se cavaron en su día». Preguntada por la ausencia en la proposición del término «lawfare» pactado con Junts, ha diferenciado entre el texto legal y el acuerdo político sobre la judicialización del conflicto catalán, que «no tiene nada que ver».
Este último, ha dicho, se centra en las comisiones parlamentarias de investigación sobre las escuchas ilegales a los independentistas y sobre el programa Pegasus, que fueron pactadas para la constitución de la mesa del Congreso. Sobre si la quita de la deuda del 20 % para Cataluña y Galicia se ampliará al resto de comunidades, ha recalcado que el acuerdo con ERC ya establece que se aplicará el mismo criterio a todas, pero ha precisado que ese criterio «no es el porcentaje de la deuda que tiene cada una». Lo que se establece, ha puntualizado, es una compensación por el endeudamiento que tuvieron que asumir los gobiernos autonómicos durante la crisis financiera.