Los suizos aprobaron en referéndum incrementar la capacidad de los servicios de inteligencia del país para espiar a los ciudadanos, con el fin de reforzar la lucha contra el terrorismo y aumentar la seguridad.
La iniciativa contó con el respaldo del 66,5 por ciento de los votos y de todos los cantones (estados federales) suizos, lo que muestra un amplio apoyo de la ciudadanía a una propuesta que había sido aprobada ya por el Parlamento.
No obstante, un grupo de ciudadanos que se oponían a la nueva ley consiguió recolectar suficientes firmas para poder convocar este referéndum para que la población diese su opinión.
De forma rotunda, los helvéticos respaldaron la intención de su Gobierno de permitir un mayor espionaje a cambio de una mayor seguridad.
Concretamente, autorizaron al Servicio de Inteligencia de la Confederación (SRC) a controlar las comunicaciones (pinchar los teléfonos y verificar correos electrónicos), colocar cámaras o micrófonos y vigilar intensamente lugares específicos, siempre con autorización previa doble.
Estos procesos de vigilancia intensiva deberán ser refrendados por una autoridad judicial y por responsables del departamento (ministerio) de Defensa y de Justicia.
Según explicó el Gobierno conservador suizo, las medidas más intrusivas afectarán a una docena de personas por año, sospechosas de terrorismo, espionaje, suministro de armas, pertenencia a banda armada o ataques contra infraestructuras.
Esta vigilancia estricta tendrá que aplicarse siempre y cuando haya amenazas concretas y no de forma generalizada.
Libertades y neutralidad
A pesar de que la campaña en contra de esta ley argumentaba que puede socavar las libertades civiles de los ciudadanos, la mayoría prefirió aumentar la vigilancia.
Los que se oponían también argumentaban que podría socavar la «sacrosanta» neutralidad de Suiza, al permitir además una cooperación más estrecha con servicios de inteligencia extranjeros.
Las autoridades helvéticas argumentaron que la ley no va tan lejos como otras que rigen en países más estrictos, como Estados Unidos.
Hasta la fecha, la ley vigente en Suiza prevé que las autoridades solo puedan usar la información que está disponible de forma pública o que hayan obtenido de otros servicios de inteligencia extranjeros.
Tras el resultado, la campaña contra la iniciativa -formada por el Partido Socialista y el Partido Verde y una serie de entidades y asociaciones- lamentó en un comunicado el hecho que a su entender «el miedo» haya ganado.
Por su parte, Raymond Clottu, diputado del partido ultraderechista UDC, se congratuló de la decisión ciudadana y dijo que la aceptación de la ley era «lo mínimo» que había que hacer para «modernizar» la norma existente.
La nueva ley entrará en vigor en septiembre de 2017.
Consumir recursos naturales y pensiones
En el referéndum, los helvéticos también rechazaron con el 63,6 por ciento de los votos una iniciativa que pretendía prohibir que los suizos consumieran más de lo que permiten los recursos naturales del planeta.
El plan, presentado por el partido Verde, exigía que Suiza redujese su «huella ecológica» considerablemente, lo que hubiera obligado a fijar objetivos muy exigentes para la industria.
Sólo el cantón de Ginebra -muy liberal- la ha apoyado con el 51,9 por ciento.
El resto de cantones optaron por compartir la tesis del Gobierno que considera que la iniciativa era demasiado radical y exigía compromisos muy exigentes en muy poco tiempo.
Los que se oponían a la iniciativa fueron muy gráficos en su campaña, argumentando que, si se aprobaba, tendría efectos cotidianos muy drásticos como obligar a ducharse con agua fría.
Al reaccionar a los resultados, los Verdes han lamentado «la campaña del miedo» de los que se oponían a ella, en palabras de Bastian Girod, diputado de esta formación.
Girod recordó que, al principio de la campaña, la iniciativa era respaldada por más del 60 por ciento de la población, apoyo que ha ido perdiendo paulatinamente.
Finalmente, los suizos también se opusieron a un iniciativa presentada por los partidos de izquierda que pretendía aumentar las pensiones de los jubilados un 10 por ciento.
Los helvéticos rechazaron ese proyecto con un 59,4 por ciento de los votos, respaldando la postura de los que decían que la seguridad social se endeudaría mucho más.
Se estima que el déficit de la seguridad social suizo será de 12.500 millones de francos (11.484 millones de euros) en 2030.