Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya 11 días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno -más de 40 según organizaciones civiles- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen seis reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité del Paro Nacional.
La primera es la retirada del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, una norma contestada por favorecer a las empresas y no a la población usuaria del sistema sanitario.
En segundo lugar, plantean la necesidad de implantar una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual durante seis meses para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis.
El tercer punto es la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina mediante la condonación de créditos agropecuarios, creación de subsidios para pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria.
Después, como cuarta demanda, piden subsidios a las medianas y pequeñas empresas y empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
En quinta posición se sitúa la matrícula cero y el no a la alternancia educativa, en referencia al actual sistema educativo del país, y medidas para facilitar el acceso a la educación superior, incluida la privada.
La sexta demanda es la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. "Se requiere que no haya discriminación y que haya una protección del Estado frente a la violencia en el hogar", ha indicado el presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, citado por el diario 'El Espectador'.
La lista se cierra con la séptima demanda: no a las privatizaciones y derogatoria del decreto 1174, la norma que permite que los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo puedan cotizar a pensión, lo que ha sido interpretado como una precarización. Además piden detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato, en defensa de los cultivos de plantas que se pueden utilizar para la fabricación de droga, sustento de parte de la población agraria colombiana.
Por contra, el Gobierno ha planteado su propia agenda y ha enumerado los siguientes puntos: acelerar la negociación masiva, reactivación segura y social, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.