Las aguas comunitarias andan algo removidas últimamente, después de que el Tribunal Constitucional de Polonia avalara una relación de poderes judiciales contraria a la que establecen los tratados internacionales. Toda la estructura de la construcción europea se basa en unas cuantas directrices, y una de ellas consiste en que los dictámenes de los tribunales de cada Estado miembro están sujetos a una obediencia y una coherencia de ámbito europeo. Es decir, la decisión de un tribunal nacional no puede contravenir o conculcar la decisión de un tribunal comunitario.
Este punto es especialmente conflictivo, últimamente en Varsovia, aunque la cuestión viene de lejos. No en balde, la reivindicación de un poder judicial relativamente 'por libre' de la jurisdicción comunitaria es un nexo común en formaciones políticas de toda la Unión Europea tildadas como euroescépticas, o directamente ultranacionalistas. El panorama preocupa, y mucho, especialmente tras el Brexit, un punto de no retorno que algunos creían que jamás se realizaría. Ahora, obligados a convivir con sus consecuencias, procuran que la historia no se repita.
La cuestión ha planeado con intensidad este martes en el Parlamento Europeo, que ha acogido reacciones gruesas a la polémica también de la mano del bando polaco. En este caso, su primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha acusado a la UE de emplear un doble rasero y tratar de chantajear a su país. El golpe directo al núcleo del derecho europeo lo justifica con la apreciación que los Estados miembro son los «dueños» de los Tratados, no las instituciones que emanan de ellos ni la burocracia comunitaria resultante.
Morawiecki lo advertía en el sentido de que el veredicto de su Constitucional podría derivar en sanciones que él tilda de «chantaje financiero», también en relación al acceso a los fondos europeos de recuperación tras la COVID.
La réplica de primer orden la ha obtenido directamente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha asegurado ante el mandatario polaco que tomará medidas para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en su opinión tras la última señal de una deriva antidemocrática que Bruselas observa con «preocupación» y teme que «ponga en peligro» los valores en toda la UE.
«No podemos permitir, y no vamos a permitir, que nuestros valores comunes sean puestos en peligro. La Comisión va a actuar», ha afirmado.