El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, prevé presentar este miércoles en el Parlamento un proyecto de ley que permitirá a los jueces del Reino Unido no implementar algunas decisiones y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La nueva Ley de Derechos hará explícito que la máxima instancia judicial en cuestiones de derechos humanos es el Tribunal Supremo del Reino Unido y que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, como las que bloquearon la semana pasada la deportación de demandantes de asilo a Ruanda, no serán vinculantes.
El ministro de Justicia y viceprimer ministro británico, Dominic Raab, aseguró en un comunicado previo a la publicación de la ley que su intención no es retirar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento garantiza el TEDH, una corte internacional ajena a la Unión Europea fundada en 1959. La nueva legislación permitirá a los jueces ignorar decisiones del TEDH tomadas a través de la llamada «Regla 39», que el tribunal europeo define como «medidas urgentes que, de acuerdo con las prácticas establecidas por la Corte, se aplican solo cuando existe riesgo inminente de daño irreparable». «La Ley de Derechos fortalecerá nuestra tradición británica de libertad, al tiempo que inyectará una saludable dosis de sentido común en el sistema», dijo Raab.
El Tribunal de Estrasburgo congeló la semana pasada las primeras deportaciones de solicitantes de asilo desde el Reino Unido a Ruanda, que ha llegado a un acuerdo con Londres para evaluar esas demandas y ofrecer amparo en su territorio a quienes considere refugiados legítimos. Tras esa decisión, diversos diputados conservadores exigieron al primer ministro, Boris Johnson, que el país abandone la Convención Europea de Derechos Humanos. A ese respecto, un portavoz del jefe de Gobierno aseguró que «todas las opciones están sobre la mesa». La nueva ley facilitará asimismo la deportación de extranjeros convictos, al restringir las circunstancias en la que pueden alegar su derechos a la vida familiar para impedir su traslado a su país de origen. Rebajará también las barreras para incrementar el uso de centros de internamiento segregados para extremistas, al limitar las apelaciones basadas en su derecho a la socialización. El Ministerio de Justicia subrayó al mismo tiempo que la ley respaldará la libertad de prensa al endurecer las condiciones para que los jueces puedan obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.