El protocolo antiabortista de Hungría, que varios políticos españoles aseguraron hoy ha inspirado el de Castilla y León, ha sido criticado por los especialistas como difícil de aplicar y no es usado por muchos médicos. El decreto húngaro, impulsado por el Gobierno ultranacionalista de ViKtor Orbán, hizo obligatorio desde mediados de septiembre que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de abortar. Según el decreto, la mujer debe certificar, mediante un documento, que su médico le proporcionó «la indicación de los signos vitales del feto de una forma claramente identificable».
En Hungría la ley del aborto vigente desde 1992 determina que se puede optar por el aborto hasta la semana 12 de la gestación, prolongando en casos extraordinarios hasta la semana 24, y en caso de una patología en el feto incompatible con la vida, o si peligra la vida de la madre, el aborto es asimismo posible en un momento más tardío del embarazo. Después de la introducción del nuevo decreto en septiembre de 2022, en la prensa independiente húngara se han publicado críticas de especialistas, que aseguran que su aplicación es complicada.
El texto legal «fue redactado de una manera poco clara y en la práctica dificulta el trabajo de los médicos», tal como lo ha asegurado Gábor Hartmann, del Centro Duna-Medical, según ha recogido el diario Népszava. Otros médicos recuerdan que el latido del corazón es detectable desde la semana seis de gestación, por lo que el decreto solo pospone la fecha del aborto.
«La presentación de los signos vitales del feto aumenta el estrés y es una presión emocional que aumenta los factores de riesgo. Si la paciente está nerviosa es más difícil su anestesia o reacciona de una manera que aumenta el riesgo de complicaciones», ha explicado la especialista Wafa Dina al portal szeretlekmagyarorszag.hu. Este mismo portal ha consultado a varios médicos que no aplican el decreto.
El número de abortos en Hungría, de 9,7 millones de habitantes, comenzó a disminuir en 2009, cuando hubo poco más de 43.000, frente a los 44.000 del año anterior. Según datos de la Oficina Central de Estadística, el número en 2020 ya fue de menos de 24.000 y en 2021 de 22.000, pero por el momento no se han publicado los datos del año pasado, cuando se introdujo la medida.