La Ley de Restauración de la Naturaleza logró superar este miércoles, por un estrecho margen, un voto crítico en el Parlamento Europeo, de forma que esa icónica y controvertida iniciativa del Pacto Verde Europeo podrá proseguir su tramitación legislativa.
La Eurocámara tendrá ahora que negociar la normativa definitiva con el Consejo de la UE, donde los Estados miembros ya consensuaron un enfoque común sobre un proyecto de ley al que se oponen frontalmente la extrema derecha y el Partido Popular Europeo (PPE), así como las grandes explotaciones agrícolas. El pleno votó primero una enmienda clave para rechazar el texto al completo, que cayó con 312 papeletas a favor, 324 en contra y 12 abstenciones ante el estruendoso aplauso de las bancadas liberal, socialista y verde, unidos en su defensa del proyecto de ley.
A continuación, el hemiciclo europeo escrutó una a una las 129 enmiendas añadidas al informe preparado por el español César Luena (PSOE), para finalmente votar el texto al completo, que fue aceptado por 336 escaños a favor, 300 en contra y 13 abstenciones. «Esta ley es buena incluso para los que han votado en contra. Gracias especialmente a científicos y jóvenes, porque son ellos los que nos han convencido de que teníamos que tener esta ley y la vamos a tener», dijo Luena desde su escaño, aliviado tras superar el incierto examen parlamentario.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza, que parte de una propuesta lanzada en diciembre por la Comisión Europea para acompasar el paso del bloque comunitario a los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas, pretende reparar en 2030 el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la UE y todos ellos para el 2050.
Pero el expediente, al que se oponen también los grandes empresarios agrícolas, representados por la plataforma Copa-Cogeca, se ha envenenado políticamente desde que el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, convirtiera ese proyecto de protección de la biodiversidad en un arma arrojadiza contra la agenda verde, en lo que se interpreta como una toma de posición de los democristianos de cara a las elecciones el Parlamento Europeo de junio de 2024.
En ese planteamiento contra una ley «estrella» del Ejecutivo comunitario subyace también un enfrentamiento personal entre Weber, que en 2019 fracasó en su intento de convertirse en presidente de la Comisión Europea, y su compatriota y compañera de familia política, Ursula Von der Leyen, que lo consiguió.
De ahí que el proyecto haya recibido tanta atención desde sus primeros pasos legislativos, con agónicas y ajustadas votaciones en la comisión parlamentaria de Medioambiente y en el pleno -donde estuvo presente la célebre activista Greta Thumberg- aunque sólo se estuviera definiendo el mandato para la negociación final con el Consejo. «Cuando hablamos del Pacto Verde, cuando hablamos de restauración de la naturaleza, por una vez no pensemos en las próximas elecciones, sino en la próxima generación», declaró a la prensa tras el voto el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las políticas climáticas, el socialdemócrata Frans Timmermans, quien volvió a tender la mano al PPE para negociar el contenido de la propuesta.
Los populares aseguran que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del «fanatismo climático». No obstante, 21 europarlamentarios del PPE rompieron la disciplina de voto y respaldaron la tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, un fracaso para el órdago de Weber que abre también interrogantes sobre su devenir al frente de la familia política democristiana.
En el campo contrario, defienden la iniciativa socialdemócratas, verdes, izquierda y la mayoría de los liberales, así como otras plataformas agrícolas, la comunidad científica internacional, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.
Argumentan que no fija objetivos obligatorios, mejorará la producción agrícola a largo plazo y prioriza la instalación de infraestructura energética verde, entre otros argumentos. El objetivo ahora es que el Parlamento y el Consejo puedan acordar la normativa definitiva sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza antes de que acabe el año, en unas negociaciones que discurrirán durante la presidencia española del Consejo de la UE.