El domicilio del hasta ahora alcalde de la ciudad libia de Derna, devastada por el ciclón Daniel una semana antes, fue quemada por decenas de ciudadanos durante las protestas contra la gestión de las autoridades locales, informó a Efe una fuente local.
El antiguo responsable, Abdulmenam Al Gaizi, fue suspendido días antes por el Gobierno de Bengasi (este) a la espera de concluir una investigación judicial sobre el desastre ocurrido en esta localidad, en la que se estima que habrían fallecido 11.300 personas y desaparecido otras 10.000. Al Gaizi había declarado que el número de muertos podría alcanzar los 20.000.
Al grito de «Libia, unidad nacional. Este u Oeste. Los libios son hermanos y no hay diferencias entre nadie», miles de residentes se congregaron en la céntrica plaza de los Mártires y pidieron la destitución del presidente del Parlamento, Aquila Salah, al que acusan de entorpecer el proceso de unificación del país tras doce años de conflicto después del levantamiento popular respaldado por la OTAN que derrocó a Muammar Gaddafi.
Según los críticos, la Cámara de Representantes, ubicada en Tobruk, no se reunió hasta tres días después de que las aguas torrenciales arrasaran el pasado domingo el noreste del país, especialmente Derna, donde colapsaron dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua durante la madrugada y arrastrando zonas residenciales enteras, puentes y carreteras hasta el mar. La tensión en esta localidad costera, que contaba con 120.000 habitantes, se produjo horas después de que Naciones Unidas revisara drásticamente a la baja la cifra de víctimas del ciclón, de 11.300 a 4.000.
Por su parte, el jefe interino del consejo municipal de Derna, Ahmed Amdrud, anunció tres medidas para hacer frente a la situación: la reconstrucción de la ciudad por parte de empresas extranjeras especializadas, la contratación de consultoras para determinar la viabilidad de las presas y ofrecer un subsidio de vivienda a los damnificados.
Los resultados preliminares de la investigación abierta este jueves por la Fiscalía sobre este colapso revelaría fallas humanas después de la aparición de las primeras fisuras en 1999 y la falta de mantenimiento desde hace décadas, lo que habría reducido drásticamente el número de víctimas según la ONU.
Mientras tanto, supervivientes y equipos de rescate locales e internacionales continúan con la búsqueda de cuerpos, localizados en su mayoría en las zonas, y otras 40.000 personas han sido desplazadas y se enfrentan a brotes de enfermedades como el cólera y la diarrea, así como la deshidratación y la desnutrición debido a la contaminación del agua y la falta de higiene.
La gestión del desastre ha estado marcada por la división política y la falta de coordinación entre las dos autoridades enfrentadas que se disputan el poder ejecutivo: el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), radicado en Trípoli (oeste) y reconocido por la comunidad internacional, de Abdulhamid Dbeiba; y el Gobierno de Bengasi, elegido por el Parlamento y bajo control de Haftar, dirigido por Osama Hammad.