Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que el nuevo gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desrregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demanda judiciales en contra de la medida. La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunciase en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo para tomar estas severas medidas económicas. Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad del decreto de Milei ha ido incrementándose. Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando «sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes».
En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de «pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina» y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser «inconstitucional y antidemocrático». Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desrregulación económica es «completamente legítimo». «¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas», reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que «analizar en forma imparcial» el DNU, y reiteró que él «no le tiene miedo a la ilegalidad». De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país. En boca de todos está el papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.
Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso de la Nación y de que el Gobierno los emplee con carácter «excepcional». Mientras tanto, el Ejecutivo continúa buscando aliados en la Cámara de Diputados (que junto con el Senado conforma el Congreso de la Nación) para conseguir tramitar políticamente el controvertido DNU, principalmente entre los diputados de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, cuya excandidata presidencial, Patricia Bulrich, es ahora la ministra de Seguridad del gobierno de Milei.
En las calles, varias organizaciones sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayoritaria entre los trabajadores argentinos y de orientación peronista- ya han convocado diversas movilizaciones esta semana contra el decreto de Milei, que fue recibido el miércoles pasado con sonoros cacerolazos en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país. Sancionado el miércoles pasado por el mandatario ultraliberal, aún no está claro cuándo entrará en vigor esta reforma total de la maltrecha economía argentina. Propone -entre otras muchas medidas- la privatización de más de sesenta empresas públicas, la derogación de leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.