La suspensión de ayuda por parte de varios países a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sin que medie una investigación previa es un «castigo colectivo» a la población de Gaza prohibido por el Derecho internacional, denunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. «Lo que ha sucedido y sucede es un castigo colectivo, prohibido por el Derecho humanitario internacional», declaró en rueda de prensa al comentar la decisión de dieciséis países de dejar de financiar esta organización de Naciones Unidas tras las denuncias israelíes sobre sus vínculos con las milicias palestinas de Hamás.
Israel denunció que una docena de trabajadores de la UNRWA participó en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desató la guerra e incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración simultánea de milicianos que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza.
Lavrov calificó de «decisión errónea» que, «en lugar de investigar las informaciones disponibles sobre la vinculación de alguno de los empleados de la ONU a estas acciones terroristas inaceptables», se proceda a un «castigo colectivo» a la UNRWA y sobre todo, a los palestinos que recibían ayuda de este organismo. «Si existen estas acusaciones, hay que esclarecer las circunstancias», señaló al defender la necesidad de una investigación.
«Desde el primer momento, tras condenar el ataque terrorista del 7 de octubre, dijimos claramente que es necesario luchar contra cualquier manifestación de terrorismo con medios que, a su vez, no violen el Derecho humanitario internacional», insistió el ministro ruso. Tras las denuncias de Israel, la UNRWA anunció el despido inmediato de 13 miembros de su personal y el inicio de una investigación sobre su implicación en el ataque.
Estados Unidos, el principal socio y proveedor de armas de Israel, fue el primer país en suspender la financiación de la UNRWA. Otros países que se unieron a la iniciativa son Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía y Japón, así como los tres países bálticos.
Más de dos millones de gazatíes, actualmente desplazados por la guerra en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, dependen de la ayuda humanitaria de la UNRWA, que cuenta con más de 30.000 empleados y es la mayor organización de Gaza al margen del gobierno de Hamás. Israel acusa además a la UNRWA de adoctrinar a los estudiantes de sus escuelas con odio a Israel, mientras que el Ejército israelí ha hallado túneles de Hamás junto o debajo de las instalaciones de la agencia de la ONU en Gaza.