Los años 1971, 2009 y 2024 tienen algo en común: en todos ellos hubo grandes movilizaciones de los agricultores europeos en Bruselas, ante las sedes de las instituciones de la Unión Europea. La de este año se da con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con bloqueos en el centro de Bruselas clamando por soluciones inmediatas. La Comisión Europea se ha comprometido a "resolver los problemas a corto plazo" y a reducir "la carga administrativa". ¿El objetivo? Aplacar el descontento que ha llevado a los agricultores a quemar neumáticos y marchar por la capital comunitaria. "Queremos soluciones". Mientras, las formaciones políticas quieren ser el canalizador de esas quejas mientras el Ejecutivo comunitario abre un diálogo estratégico con el sector... que quizá llegue tarde.
Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en UE, explica a 20minutos que las protestas son el asunto "de política interna más importante" de todo lo que está pasando ahora mismo en Europa. "Estamos muy cerca de las elecciones y el mundo del campo en general ha demostrado que tiene un gran poder de movilización, como ya lo vimos hace unos meses en Polonia" respecto a la situación con el grano ucraniano. "Son movilizaciones además bastante disruptivas", añade el analista. Eso es relevante porque les va a permitir "mantenerse en la actualidad informativa y conseguir mucha atención mediática".
Todo eso tiene relevancia en términos de campaña electoral, sobre todo de cara al 9 de junio. Gil repite una frase que él ve ya muy manida pero que sirve en esta situación. "Se dice que la ultraderecha llegará al Gobierno en tractor", sostiene, en referencia a cómo los partidos de derecha radical pueden canalizar precisamente el voto del campo. "Estos partidos son los que están logrando capitalizar parte de este descontento, ya lo vimos por ejemplo en Países Bajos". El impacto por tanto será "mayúsculo" a ojos del experto, en un escenario que además "va a obligar a moverse también a los partidos Verdes". La meta, dice, tiene que ser "un pacto verde que sea también social" para así "dar respuesta a las demandas" que tiene el sector primario.
Los agricultores son la imagen de un problema: quién va a pagar los peajes del Pacto Verde Europeo. "Todas esas tensiones de la transición ecológica al final han terminado estallando por el eslabón que más las sufría, que es el campo". Gil concluye que por eso se convierten los agricultores y ganaderos en un voto decisivo en las elecciones europeas. "Ese elector rural además se ve beneficiado por el sistema electoral", esgrime, y al mismo tiempo ya han demostrado ser un voto clave en países como Polonia, Bélgica, Francia o Países Bajos.
José María Castilla, presidente de Asaja Bruselas, atendió a este medio precisamente de camino a la concentración en pleno barrio europeo de la capital belga este jueves. "Estamos hartos del tsunami legislativo al que nos lleva sometiendo Bruselas sobre todo los últimos cinco años, estamos asfixiados", comentó. Ese escenario está, dice, "totalmente alejado" de la realidad, y no tienen "seguridad jurídica para seguir invirtiendo en sus empresas". Además, otra de las quejas es que los agricultores europeos no están "en igualdad de condiciones" con los terceros países, de ahí que no quieran el acuerdo con Mercosur. En América Latina, sostiene Castilla, tienen otras regulaciones fiscales o empresariales con las que los profesionales de la UE no están preparados para competir.
"Esta no es la Europa que queremos"
"Esta no es la Europa que queremos", rezaba la pancarta principal, en varios idiomas y un color llamativo, mientras los agricultores rodeaban a uno de los portavoces, que pedía a las instituciones europeas que les escucharan "de una vez por todas". Castilla, por su parte, recibe de buen grado que la Comisión Europea haya decidido abrir un diálogo estratégico con el sector, pero a la vez es escéptico. "Quizá lo hagan pensando en que las elecciones europeas están ya ahí, es lo que yo me temo. Pero de primeras es una buena noticia", resumió.
Las tensiones se vieron precisamente hace meses en Polonia, Hungría o Eslovaquia a cuenta del paso del grano ucraniano. Estos países pusieron barreras a la llegada de cereal desde Ucrania y sus Gobiernos reclamaron medidas desde Bruselas para que se evitaran "agravios comparativos" respecto a los agricultores nacionales. El grano ucraniano copaba el mercado, según los más críticos. La solución -con denuncia de Kiev a estos Estados miembros de la UE ante la OMC- fue un punto intermedio: aceptaron ser países de tránsito, y nada más.
Francia es otra de las mechas más importantes, pero también los agricultores belgas y neerlandeses están 'en pie de guerra'. Desde París la reacción del Gobierno de Emmanuel Macron fue rápida, y el presidente muy rotundo; se ha comprometido a "apoyar" al sector ante las dinámicas que se estén dando en toda la UE. "Necesitamos asegurarnos de que no se eluda lo que hacemos en Francia", escribió.
"También estamos dispuestos a modificar la ley para mejorar los contratos tripartitos entre productores, procesadores y distribuidores. Por nuestra soberanía agrícola y alimentaria, siempre estaremos al lado de nuestros agricultores", prosiguió un Macron que pide "menos normas y menos papeleo", en la línea con lo prometido por la Comisión Europea. El líder galo además acabó con otro de los elementos más polémicos. "Somos exigentes con nuestros agricultores: ellos producen con las normas más ambiciosas del mundo. Los productos importados a Europa deben estar sujetos a las mismas reglas. Por eso Francia se opone y se seguirá oponiendo al acuerdo de libre comercio con el Mercosur", concluyó.
¿Y qué pasa en España? El Gobierno quiere atajar cuanto antes las posibles protestas después de que Sánchez defendiera al sector frente a las críticas vertidas desde Francia. El ministro de Agricultura, Luis Planas, convocó este viernes a una reunión a las principales organizaciones: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En general, reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se frenen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. También la reducción de las "trabas burocráticas".
Entre todo, la Política Agraria Común (PAC) es (y seguirá siendo) uno de los pilares de la UE, y al mismo tiempo uno de los puntos de mayor fricción con el sector del campo y también de choque entre los propios Estados miembros. La Comisión Europea explica que a agricultura es diferente de la mayoría de las demás empresas, ya que se dan las siguientes consideraciones especiales: a pesar de la importancia de la producción de alimentos, los ingresos de los agricultores son alrededor de un 40% inferiores a los de los no agrícolas.
Asimismo, recuerdan que la agricultura depende más del tiempo y el clima que muchos otros sectores y existe un desfase inevitable entre la demanda de los consumidores y la capacidad de suministro de los agricultores: cultivar más trigo o producir más leche lleva inevitablemente su tiempo. "Sin dejar de ser rentables, los agricultores deben trabajar de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y mantener nuestros suelos y biodiversidad", comentan.
"Las incertidumbres empresariales y el impacto medioambiental de la agricultura justifican el importante papel que el sector público desempeña para nuestros agricultores", añade el Ejecutivo comunitario. Así, la PAC actúa con las siguientes medidas: ayudas a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por la prestación de servicios públicos que normalmente no pagan los mercados, como el cuidado del campo, y también con medidas de mercado para hacer frente a situaciones de mercado difíciles, como un descenso repentino de la demanda debido a una alarma sanitaria, o una caída de los precios como consecuencia de un exceso temporal de oferta en el mercado.
Por último, añade medidas de desarrollo rural con programas nacionales y regionales para hacer frente a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales. La teoría parecen sabérsela todos, pero en la práctica el campo se ha levantado en un 'enero' agrícola que podría decantar la balanza en las urnas el próximo junio.