El juez Arthur Engoron ha ordenado al expresidente estadounidense Donald Trump y a su empresa, la Organización Trump, a pagar casi 355 millones de dólares (330 millones de euros) en el juicio por fraude fiscal del estado de Nueva York, prohibiendo además al magnate ocupar puestos en cualquier empresa con sede en el estado durante un periodo de tres años.
Si bien el juez ha inhabilitado al exmandatario de ocupar cargos en empresas, no ha disuelto la Organización Trump, que infló su patrimonio neto personal en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021, según la Fiscalía. El juez ha decidido además que Trump no podrá solicitar préstamos durante tres años en el estado, mientras que ha nombrado a un cargo independiente para vigilar los resultados financieros de la empresa durante tres años, según ha recogido la cadena CNN.
Dos de los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar cuatro millones de dólares (3,7 millones de euros) por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, entre ellos la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales. Ambos no podrán ocupar cargos como directores de empresas en el estado durante dos años. De la misma forma, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tendrá que abonar un millón de dólares y no podrá ser directivo de una empresa con sede en Nueva York durante tres años.
Además, junto con otro extrabajador, Jeffrey McConney, estará permanentemente vetado de ocupar cargos financieros. Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha subrayado en un comunicado que apelarán la decisión ante una «manifiesta injusticia» y ha defendido que se trata de una «caza de brujas» que empezó «mucho antes» de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, «pusiera un pie» en su oficina. James solicitó tanto a Trump como a su empresa abonar un total de 370 millones de dólares (unos 337 millones de euros) por «enriquecimiento ilegal» y por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen -quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso. De hecho, el juez señala en el fallo, de 92 páginas, que el testimonio de Cohen es «creíble», no solo porque cuando testificó estaba «relajado», sino también por la forma en la que sus palabras «fueron corroboradas por otras pruebas del juicio». Engoron también habla sobre los acusados y asegura que tienen una «total de arrepentimiento y remordimiento, que roza lo patológico».
«Solo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero. Los documentos lo demuestran una y otra vez», apunta Engoron en el escrito sobre los acusados, ha recogido la cadena NBC News. En este sentido, resalta que «Trump no es Bernard Madoff», en alusión a un famoso estafador, ni ha robado un banco «a punta de pistola» o ha «cometido un asesinato». «Pese a ello, los acusados son incapaces de admitir errores por su conducta», agrega. Sobre el testimonio de otra de las hijas de Trump, Ivanka Trump, Engoron ha resaltado que fue una testigo «elocuente», si bien ha tildado de «inconsistente» su postura debido a sus lapsus de memoria. «Lo que Trump no puede recordar está plasmado en correos electrónicos y documentos», agrega.
Una de las abogadas del expresidente estadounidense, Alina Habba, dio a entender este viernes que apelará la sentencia que condena a su cliente a pagar 355 millones de dólares por irregularidades financieras en la Organización Trump, unida a una prohibición de hacer negocios en Nueva York durante tres años. «Dado lo mucho que hay en juego, confiamos en que la División de Apelaciones (del tribunal) revocará este veredicto escandaloso y pondrá fin a la incansable persecución contra mi cliente», señaló en un comunicado entregado a los medios. Según Habba, «esto no afecta solo a Donald Trump (2017-2021): si esta decisión es firme, servirá a cada individuo en Estados Unidos como una señal de que Nueva York ya no es (una ciudad) abierta a los negocios». Por lo demás, repitió las tesis de su cliente de que la sentencia supone «la culminación de una caza de brujas de varios años y políticamente motivada, diseñada para 'cargarse a Donald Trump'».