El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, pide al Reino Unido que no deporte a Ruanda a migrantes, como autoriza la nueva ley que acaba de adoptar el Parlamento, que a su parecer viola la independencia de la Justicia y diversos tratados internacionales firmados por Londres.
«El Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y debería dar marcha atrás a la violación efectiva de la independencia de la Justicia que contiene esta ley», señala O'Flaherty en un comunicado emitido este martes, pocas horas después de la aprobación de la controvertida norma tras un largo tira y afloja entre las dos cámaras.
En su comunicado, el comisario dice estar «preocupado» porque ese texto impulsado por el Gobierno del primer ministro, Rishi Sunak, después de que su proyecto inicial hubiera sido invalidado por el Tribunal Supremo, permite precisamente la expulsión de migrantes a Ruanda puenteando la jurisdicción de los tribunales británicos.
En concreto, de acuerdo con su lectura «impide a las personas amenazadas de deportación a Ruanda acceder a vías de recurso por violaciones potenciales de la prohibición absoluta de expulsión y excluye de forma significativa la capacidad de los tribunales británicos para examinar plenamente y de forma independiente los casos que les lleguen».
Recuerda que esta nueva ley es el resultado de un nuevo acuerdo con Ruanda porque el Tribunal Supremo había rechazado el primero al considerar que las personas enviadas a ese país africano iban a quedar expuestas a la posibilidad de ser enviadas a continuación a sus países de origen, lo que violaría el principio de no expulsión. Y a ese respecto, su dictamen es claro: el Reino Unido no lo puede hacer porque se lo prohíbe el Convenio Europeo de Derechos Humanos que suscribió como miembro del Consejo de Europa, pero también el Convenio de la ONU sobre los Refugiados y otros tratados internacionales.
O'Flaherty explica que aunque el nuevo acuerdo con Ruanda incorpora ciertas disposiciones para prevenir esa expulsión a los países de origen, el Tribunal Supremo había subrayado que hay que garantizar a las personas afectadas «la posibilidad de pedir un control judicial independiente» para determinar que el país al que sean enviadas se considera «seguro».
El problema, según su argumentación, es que la ley adoptada en la noche del lunes al martes por el Parlamento británico las priva de un verdadero recurso ante los tribunales británicos puesto que no se les permite que analicen cualquier alegación sobre el hecho de que Ruanda podría no actuar sobre ese punto conforme al tratado bilateral. Es decir, «prohíbe explícitamente a las jurisdicciones británicas examinar el riesgo de que Ruanda envíe a personas a otros países y verificar la equidad y la eficacia de los procedimientos de asilo en Ruanda».
Esos mismos tribunales británicos tampoco pueden apoyarse en la interpretación del derecho internacional, por ejemplo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y además el Gobierno británico puede decidir no cumplir las medidas provisionales que el Tribunal de Estrasburgo podría tomar en casos de una expulsión a Ruanda. Y eso -insiste el comisario europeo- pese a que esas medidas son de obligado cumplimiento y no respetarlas viola el derecho de los individuos a recurrir al Tribunal de Estrasbugo, garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Más allá del caso británico, O'Flaherty afirma que esta ley para llevar los migrantes que entran irregularmente en el Reino Unido «es un ejemplo suplementario de una tendencia actual de los países europeos para externalizar su política de asilo y migración», algo que le parece «preocupante para el sistema mundial de protección de los derechos de los refugiados».
Sunak, por su parte, ha insistido tras la aprobación del texto por las dos cámaras del Parlamento que «nada se interpondrá» en su objetivo de enviar a Ruanda a los migrantes que han llegado a su país de forma ilegal tras atravesar el Canal de la Mancha que le separa de Europa continental.