La Comisión Europea ha anunciado este miércoles su intención de imponer a partir del próximo 4 de julio aranceles de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida que Bruselas toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja «desleal» por los subsidios que reciben de Pekín.
En una rueda de prensa al término del Colegio de Comisarios en Bruselas, uno de los vicepresidentes comunitarios, Margaritis Schinas, ha indicado que la investigación abierta por Bruselas ha confirmado la «desventaja ilegal» que «daña» al sector del coche eléctrico europeo y la decisión de tomar contramedidas. Schinas ha precisado que el Ejecutivo comunitario ha trasladado sus conclusiones a las autoridades chinas y pedido una «solución compatible» con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, de no resolver la situación de manera «eficaz» en los próximos días, los aranceles empezarán a aplicarse a partir del 4 de julio.
«Nuestro objetivo no es cerrar el mercado europeo al coche eléctrico chino sino asegurar una competencia leal», ha dicho, por su parte, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, en un mensaje difundido en redes sociales y recogido por Europa Press. En concreto, la Comisión Europea impondrá aranceles del 17,4% a BYD, del 20% a Geely y del 38,1% a SAIC.
Otros fabricantes que han cooperado con los servicios comunitarios durante la investigación afrontarán un arancel del 21%, mientras que el resto que no han colaborado estarán sometidos al porcentaje más alto de 38,1%. Las reglas de la Unión Europea sobre subsidios extranjeros obligan a comunicar previamente a las partes afectadas el alcance de las medidas que Bruselas ve necesarias antes de que sean formalmente aplicadas, razón por la que los aranceles no entrarán en vigor hasta su publicación en el Diario Oficial de la UE, algo que no sucederá antes del 4 de julio.
Las compañías chinas afectadas tienen un plazo de tres días para trasladar a los servicios comunitarios su opinión sobre la «exactitud» de los cálculos, ya que en función de su respuesta la Comisión podría aún decidir modificar alguna de las tarifas fijadas, según han indicado fuentes comunitarias. Los servicios comunitarios activaron la vigilancia de las importaciones para estudiar medidas tras observar entradas «masivas» de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en términos de media mensual, y del 14% en comparación con el período equivalente entre octubre de 2022 y enero de 2023.
La respuesta comunitaria genera dudas entre algunos países de la UE, como Alemania o Suecia, que temen las consecuencias de una guerra comercial con el gigante asiático, pero es vista con buenos ojos por otros como España y Francia. De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno, encargada de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de aranceles horas antes de que Bruselas anunciara su decisión. «Es nuestra obligación respaldar al conjunto de la industria del automóvil europeo y, en particular, la española para que siga siendo una industria competitiva, moderna, actualizada y con un peso relevante en los mercados internacionales», ha dicho Ribera a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados.