El consenso mundial que alguna vez convirtió a las minas antipersona en un símbolo de inhumanidad empieza a fracturarse. Tras décadas de avances en su erradicación, somos testigos de un giro peligroso: algunos Estados que antes defendían el desarme están considerando retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. Este cambio podría poner en grave peligro muchísimas vidas y revertir décadas de logros humanitarios que tanto esfuerzo costaron.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó a alertar sobre los efectos de las minas antipersona a fines de los 80 del siglo pasado, cuando sus equipos de salud atendían cada vez a más civiles con heridas provocadas por estas terribles armas. En aquel momento, el CICR habló de una «epidemia mundial» y actualmente estima que, cada año, alrededor de 24.000 personas, en su mayoría civiles, mueren o resultan heridas de gravedad por minas antipersona.
La Convención de 1997 sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales marcó un punto de inflexión. Hoy cuenta con 165 Estados partes y sus resultados son incontestables: se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas, se han desminado vastas áreas en numerosos territorios y se han reducido considerablemente la producción y transferencia de estas armas letales. Gracias a estos esfuerzos, el número de víctimas se redujo en más de un 75 % desde finales de los años noventa.
Devastadoras consecuencias para los civiles
Más del 80 % de las víctimas de minas son civiles. Los supervivientes a menudo acarrean para el resto de sus vidas discapacidades y necesitan prótesis y otros servicios especializados. Muchas de las víctimas son niños y niñas.
En Camboya, por ejemplo, casi el 50 % de los pacientes que acudieron el año pasado a los dos centros de rehabilitación apoyados por el CICR eran sobrevivientes de minas, más de dos décadas después del fin de las hostilidades. En Afganistán se observa un fenómeno similar: en 2024 los equipos del CICR brindaron prótesis, fisioterapia y otros tratamientos a más de 7.000 víctimas de minas.
Bosnia sigue padeciendo el flagelo de las minas casi 30 años después del final del conflicto armado. Si bien es posible identificar las zonas contaminadas, la remoción total de estas armas podría llevar varias décadas más y un ingente esfuerzo económico: si cada mina cuesta alrededor de diez euros, su retirada se eleva a unos mil.
No existen minas «seguras»
Incluso las llamadas «no persistentes», que supuestamente se desactivan solas, presentan riesgos letales mientras están activas, a menudo no se autodestruyen como deberían y requieren complejas tareas de remoción. Estas minas ya existían antes de la Convención y fueron deliberadamente incluidas en la prohibición. Ninguna mina puede distinguir entre un soldado y un niño.
También son engañosas las promesas de una remoción rápida y barata de minas. Como muestran los casos de Camboya, Afganistán y Bosnia, los países afectados pueden sufrir durante décadas las consecuencias de estos artefactos, incluso mucho después del fin de los conflictos.
Momento crucial
«La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal es uno de los tratados de desarme más exitosos que se haya negociado. Contribuir a su debilitamiento o retirarse, además de arriesgar vidas, compromete la integridad del derecho internacional humanitario» recuerda Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Esta semana, los Estados se reunirán en Ginebra para las reuniones entre períodos de sesiones de la Convención. «Es un momento crucial para responder a estas preocupantes tendencias, renovar el compromiso con el tratado y mantenerse firmes en contra de un retorno a armas que han causado tanto daño indiscriminado».
«No es momento de retroceder, sino de reafirmar el compromiso colectivo de proteger a la población civil y defender los principios que definen nuestra humanidad». España, como Estado parte de la Convención desde 1999, tiene un papel importante que jugar en este sentido. Tras décadas de avances en la erradicación de las minas antipersonal, algunos países como los Bálticos están decididos a retirarse de la Convención que las prohíbe, en un intento por afianzar la seguridad en sus fronteras terrestres.