La Asamblea Nacional de Venezuela ha anunciado la creación de una comisión especial para investigar las presuntas «ejecuciones extrajudiciales» perpetradas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, donde ha puesto en macha una operación militar con la que busca supuestamente acabar con el narcotráfico.
La comisión venezolana tendrá como objetivo «atender a familiares de las víctimas» de los ataques perpetrados por el Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar, unas acciones que han sido denunciadas como «violaciones flagrantes del Derecho Internacional» y que se han saldado con decenas de muertos. La medida ha sido adoptada tras una reunión entre familiares y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que ha arremetido contra las directrices de Washington, que apuesta por «matarlos a todos».
«Esto viola los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional», ha asegurado, según informaciones del diario 'El Universal'. En este sentido, ha recalcado que las personas fallecidas «estaban desarmadas y fuera de combate».
«Fueron ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces, ilegítimas e ilegales que han venido perpetrando, desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América», ha aseverado durante una rueda de prensa. Asimismo, Rodríguez ha señalado que «la orden dada por el secretario de guerra de Estados Unidos fue la de acabar con todos», lo que constituye «un crimen de guerra». «Eso, por supuesto, no solamente viola el Derecho Humanitario Internacional, también viola la Convención de Ginebra, viola el protocolo del año 1977», ha afirmado.
El régimen dictatorial en ese país merece una repulsa total. A ver si nos dejamos de eufemismos. "Ejecución extrajudicial" es un concepto jurídicamente inexistente, ese acto es pura y simplemente delito de asesinato, porque es homicidio con premeditación y alevosía, como poco. En los países civilizados a los presuntos delincuentes, incluso a los más execrables, se les juzga imparcialmente por un tribunal y se les impone la pena prevista al efecto. Sólo un gobernante que goce de plena inmunidad, o sea impunidad, se atreve a ordenar bombazos amparado en inconsistentes y ridículas distorsiones semánticas, vanagloriándose de la hazaña. Hay que defender el estado de derecho, los derechos humanos, y el derecho internacional.