El Gobierno ha propuesto a los partidos, en el documento con medidas anticrisis, negociar que el ICO pueda dar préstamos directos por un máximo de 200.000 euros a pymes y autónomos y que las administraciones tengan un plazo máximo de 30 días para pagar sus facturas.
Éstas son dos de las medidas que ofrece discutir el Ejecutivo en las negociaciones por el pacto anticrisis, entre las que también está la de aumentar del 8 por ciento al 12 por ciento la deducción aplicable a las actividades de innovación en el Impuesto sobre Sociedades y elevar en algunos casos, hasta el 60 por ciento, el límite general que ya existe a esa deducción.
En el texto, se propone además revisar antes de seis meses los distintos costes regulados del sector eléctrico y antes de que acabe este año el sistema de incentivos a las energías renovables.
El documento incluye varias exenciones fiscales además de las citadas, como la de eximir al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades que su empresa abone para sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo a través del transporte público, con un límite de 1.500 euros anuales.
Incluye medidas para potenciar la rehabilitación de la vivienda, con la reducción del IVA hasta el 8 por ciento a partir de julio. También la deducción extraordinaria del IRPF del 10 por ciento de los costes de obras de mejora de la vivienda habitual para las rentas inferiores a los 33.007,2 euros, siempre que el objetivo sea el ahorro energético, instalaciones de suministros o accesibilidad para dependientes, con un límite de 12.000 euros.
Dentro de la vivienda también incluye ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de protección oficial para cuando éstas se destinen a la venta.
Además, el Ejecutivo se compromete a aprobar antes del 10 de abril un programa de racionalización de la Administración General del Estado para que los gastos de personal sean en 2013 un 4 por ciento menores a los de este año.
Con el mismo fin y en el mismo plazo se aprobará un programa de racionalización del sector público empresarial que contendrá medidas para reducir el número de altos cargos y el de consejeros en las empresas públicas, así como disminuir el número de éstas mediante fusiones y concentraciones, como ya anunció la semana pasada la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
Por otra parte, en el texto el Gobierno se compromete a "acelerar" el proceso de reestructuración del sistema financiero y para ello agilizar el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Asimismo, y junto al compromiso de reducir a 30 días el plazo de pago de las facturas que deban a las pymes y autónomos las Administraciones Públicas y a 60 el que debe hacerse entre empresas, el documento contiene el compromiso de crear el registro de facturas en las administraciones locales.