El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó ayer la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, el juez ve indicios de que otros hechos de la facturación de Orange Market podrían constituir delito electoral vinculado a las elecciones de 2008.
Tal y como recoge en el auto el juez, al parecer esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.
Además, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. También, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y advierte que de que los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.
Prevaricación
Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señala el magistrado en el auto.
Pedreira también añade que "esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". "Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste".
Camps: "Es un montaje"
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aseguró ayer, tras conocerse la decisión del magistrado instructor del 'caso Gürtel' Antonio Pedreira, que todo es "un montaje, de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada". Además, Camps lamentó que es objeto "de un acoso sin parangón en la historia de la democracia española" aunque lo afronta" con tranquilidad".
Camps, aseguró a los medios de comunicación que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular de los populares valencianos que, según él, se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".
"Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder", manifestó el jefe del Consell, quien añadió que desconoce el tiempo que se tardará en que se sepa "la verdad".