El Gobierno aprobó ayer, por real decreto, una reforma laboral que facilita a las empresas con pérdidas despedir a sus trabajadores con 20 días de indemnización, algo que para los sindicatos CCOO y UGT "agrava" y "empeora aún más" lo que habían negociado con el Ejecutivo.
En la reforma, que entra en vigor hoy, no se concreta durante cuánto tiempo deben las empresas acumular sus pérdidas o qué volumen deben tener.
Lo que sí se establece es que deberán acreditarlas y justificar que "de las mismas se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva" del contrato.
La reforma también generaliza el uso del contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días, frente a los 45 de un fijo ordinario.
La generalización de esta modalidad se produce después de que el Gobierno haya decidido que se pueda aplicar a un trabajador de entre 31 y 44 años que hayan tenido un contrato fijo y que hayan sido despedidos.
El Gobierno también fija que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que se nutre de las cotizaciones de los empresarios, pague 8 días de las indemnizaciones del despido improcedente fijo (45 días) y de fomento del empleo estable (33 días), así como del objetivo (20 días).
Al respecto, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, descartó en rueda de prensa que esa cobertura del FOGASA vaya a suponer un incremento de las cotizaciones empresariales.
No obstante, esa financiación será transitoria y será sustituida por la creación de un fondo de capitalización individual -a imitación del modelo austríaco- que podrá utilizar el trabajador en los casos de despido, para completar su formación o en el momento de su jubilación, según el ministro.
El fondo deberá estar operativo el 1 de enero de 2012, para lo que el Gobierno deberá presentar antes de un año en el Parlamento el proyecto de ley que lo constituya.
Otras novedades que destacó Corbacho de la reforma, que calificó de "sustancial" y de las "más importantes" acometidas en España, es la modificación del contrato de obra y servicios, cuya indemnización por despido pasará de los 8 días actuales a 12 en 2015.
Además, no podrá tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo.
También, tras ser negociada esta semana la reforma con los partidos, a las Empresas de Trabajo Temporal se les levanta la restricción de operar en el sector de la Administración Pública.
La negociación con los partidos ha llevado al Gobierno a aceptar que la reforma se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir mejoras a través de enmiendas.
A pesar del gesto, el coordinador general de IU, Cayo Lara, considera la reforma el "decreto de la vergüenza", ya que traiciona la línea argumental socialista de no recortar derechos sociales y supone un ataque al "tímido estado de bienestar" y a la propia democracia.
Para el nuevo presidente de CEPYME, Jesús Terciado, la reforma debería incluir la escasez de liquidez de una empresa como causa para justificar el despido objetivo de sus trabajadores, mientras que para el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, está "descafeinada" y es "poco valiente", ya que no va a servir para crear empleo.
Mientras, para los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, los cambios introducidos "agravan" y "empeora aún más" lo propuesto por el Gobierno y dan más razones a la huelga general que han convocado para el 29 de septiembre.