El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró ayer su "perplejidad" ante el "desparpajo notable" de los controladores en sus declaraciones de estos días que, según él, buscan "minimizar los hechos" e incluso el "exigir cierta compartición de sus responsabilidades". El vicepresidente denunció además que lo hagan "con mentiras y medias mentiras" para "defender sus privilegios".
Considero que parece que los controladores todavía no son conscientes de que lo que han hecho es "gravísimo" y de que no es una "huelga salvaje", sino que "abandonaron" sus puestos de trabajo y "forzaron el cierre del espacio aéreo". "Esto lo están viendo los ciudadanos y, unos y otros, tomamos nota de este desparpajo, de este intento de que compartamos la responsabilidad, cuando únicamente es de ellos y es gravísima", señaló el portavoz del Gobierno.
Por otro lado, Rubalcaba indicó que el Ejecutivo aún no ha decidido si prolongará el estado de alarma para solucionar la crisis aérea provocada por los controladores.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba afirmó que, si se decide la prórroga, debería hacerse antes del día 18 ó 19 y que será el Congreso de los Diputados el que deberá aprobarlo, por lo que "se buscaría la mayoría parlamentaria necesaria".
Defendió además la constitucionalidad de los dos decretos aprobados por el Ejecutivo, el que regula las condiciones laborales de los controladores y el que declara el estado de alarma. "Estoy seguro" de que serán "santificados". "Es mi opinión y es una opinión de constitucionalidad plena, y el Gobierno tiene la certeza, hasta donde se puede tener, de que esto es así", manifestó.
Rubalcaba hizo hincapié en que se depurará la responsabilidad de los controladores y recordó que hay tres vías en marcha para ello: la "laboral normal" que se materializa en los "casi 500 expedientes" abiertos por AENA, la abierta por la Fiscalía y la que se pondrá en marcha en distintos juzgados a raíz de las demandas civiles y penales presentadas por los ciudadanos afectados.
"Estas cosas no van a acabar en nada. No puede ser. Hay una gravísima responsabilidad y el peso de la ley, ya sea laboral, penal o civil, va a caer sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad y que ahora se pasean como si nada hubiera pasado", indicó.
Pese a la insistencia de los periodistas, el vicepresidente primero no concretó si el Ejecutivo se dirigirá al Congreso para prorrogar el estado de alarma. "Si el Gobierno entiende que para mantener la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar -dadas las fechas en las que estamos- es necesario, solicitaremos la prórroga al Parlamento", se limitó a responder.
Sí aclaró Rubalcaba que, en el caso de que se prorrogue la alarma en el tiempo, "no debe haber días en blanco", por lo que "habrá que ajustar el calendario" y el Congreso deberá "ajustar sus plenos".
Por último, Rubalcaba confirmó que el proceso de liberalización de las torres de control anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, "sigue sus pasos y su curso" y no cuantificó los efectos económicos del cierre del espacio aéreo.
Los Fiscales acusan al Gobierno de "injerencia intolerable"
La Asociación de Fiscales (AF) acusó ayer al Gobierno de "injerencia intolerable" en la Fiscalía en relación al caso de los controladores aéreos y criticó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asistiera al Consejo de Ministros extraordinario que declaró el estado de alarma. En un comunicado, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal destacó que el Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal y consideró que la "mera indicación" al Ministerio Público del derecho a aplicar "supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad" y al propio Estado de Derecho. Rubalcaba, indicó en una rueda de prensa el pasado día 4 que, "en caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código civil-militar". Según la AF, debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración de su pertinencia jurídica, y en última instancia los tribunales quienes determinen si el abandono colectivo por los controladores aéreos es penalmente relevante y si le es de aplicación una norma preconstitucional o el Código Penal de 1995.