Los ciudadanos que se jubilen a partir de 2013 tendrán que trabajar algo más para cobrar la pensión, después de que ayer el Congreso haya aprobado definitivamente una nueva reforma del sistema de Seguridad Social que eleva a 67 años la edad legal de jubilación.
No obstante, los trabajadores que quieran retirarse a los 65 años lo podrán hacer si acumulan una carrera de cotización de 38 años y medio, mientras que la jubilación a los 67 va ligada a 37 años de cotización.
Después de que el Congreso aprobara ayer las enmiendas del Senado a la ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el Gobierno consiguió sacar adelante la nueva ley con el único apoyo de CiU a lo largo de toda la tramitación parlamentaria.
La reforma de las pensiones que inició su negociación hace más de seis meses también aumenta de 15 a 25 el número de años con los que se calcula la pensión y entrará en vigor en 2013 de forma progresiva hasta el 2027.
De esta forma quienes hayan nacido a partir de 1948 se verán afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán retirarse antes de los 67, salvo si tienen 38 años y medio cotizados, que lo podrán hacer a los 65.
Durante el debate de las enmiendas del Senado, el Gobierno se encontró con la oposición en bloque de la mayoría de los grupos parlamentarios, que criticaron que sea una reforma "injusta" que retrocede los derechos de los trabajadores y sólo pretenda calmar a los mercados financieros.
No cerrar los ojos a la realidad
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, negó que suponga un recorte social a los trabajadores y argumentó que cuando esté plenamente implantada las pensiones serán mucho mayores que las de 2011.
Dijo que la reforma no es más exigente que la acometida por otros países europeos y citó a Alemania, Francia o Dinamarca para subrayar que tienen más exigencias de cotización previa.
Recordó que en 2050 habrá 18 millones de pensionistas y aseveró que el que "cierre los ojos" ante esta realidad es que quiere acabar con el sistema de protección social.
La modificación de la ley de las pensiones fue pactada por la patronal y los sindicatos en enero y así se plasmó en la firma del Acuerdo Social y Económico firmado en febrero.
Se trata de la sexta modificación del sistema público de pensiones y la octava de la Seguridad Social y durante su tramitación parlamentaria se han introducido cerca de un centenar de enmiendas.
Así, la nueva ley incluye a los empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, con el fin de equiparar sus derechos y deberes con los restantes trabajadores.