El acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de limitar el techo de gasto de las administraciones públicas fue alcanzado en la madrugada de ayer viernes entre el PSOE y el PP, y registrado en la mañana de este mismo día en el Congreso de los Diputados. En dicha reforma no se establece cifra tope del déficit estructural, ya que una Ley Orgánica lo fijará en un 0,4 por ciento a partir de 2020 y teniendo siempre en cuenta los límites de gasto marcados por la Unión Europea (UE).
El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP pretende incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria dadas las repercusiones de la globalización económica y financiera en la economía española, según señalaron ambos grupos en un comunicado publicado por el Grupo Socialista del Congreso.
"El PSOE y el PP entienden que es oportuno en este momento político sentar ya las bases de un acuerdo sobre la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Española, que debe ser aprobada con urgencia antes del 20 de junio de 2012", señala el documento.
Tal y como han acordado ambos partidos, no se establecerá en la Constitución cifra alguna sobre el límite del déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas, sino que será la Ley Orgánica la que lo fije en un 0,4 por ciento a partir del año 2020 y teniendo presente los márgenes establecidos por la UE.
Así, el límite se distribuirá de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, mientras que las Comunidades Autónomas no podrán superar el 0,14 por ciento de su PIB. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Estos límites podrán ser objeto de revisión en 2015 y 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.
"La Ley Orgánica establecerá los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135", reza el comunicado. "A los efectos del contenido de la citada Ley Orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los riesgos de los gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales en los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales", agrega el texto.
De este modo, al amparo de lo establecido en los artículos 166 y 167 de la Constitución Española y en el artículo 146.1 del Reglamento de la Cámara, los dos grupos parlamentarios se dirigieron ayer a la mesa del Congreso de los Diputados para presentar la proposición.
El texto final de la reforma del artículo 135 de la Constitución establece que todas las actuaciones de las administraciones públicas se deberán adecuar al principio de estabilidad presupuestaria. En él se precisa que tanto el Estado como las CCAA no podrán superar los márgenes de déficit estructural establecidos.