El juez Baltasar Garzón negó ayer ante el Tribunal Supremo que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y aseguró que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas.
"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección", dijo De esta forma contestaba Garzón a su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, después de que el Supremo rechazara declarar la nulidad de la causa como solicitaron la defensa y la Fiscalía y reanudara el juicio al magistrado.
Garzón, que se negó a contestar las preguntas de la acusación popular de Manos Limpias por considerar que no está legitimada, insistió en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política. "Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, aseguró. En este sentido, recordó que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido" y "sistemático" de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de crímenes contra la humanidad.
Se trataba, según Garzón dijo a su abogado, de hechos parangonables a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa. "Absolutamente, así es", afirmó el juez comparando la mecánica utilizada con la de los regímenes nazis y recordando que también otros jueces de la Audiencia Nacional, como Ismael Moreno, investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.
Garzón insistió en que se declaró competente para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el propio Supremo estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina. Además, considera que no existía prescripción de los delitos puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también permanentes mientras no aparezca la víctima.