La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, considera que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de "un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios", lo que "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".
En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez plantea como "conclusión apriorística" que las ayudas dadas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad" de las ayudas por parte de la Intervención General de la Junta.
A ello se suma que "podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimis y, en segundo lugar, incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas ayudas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa, incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".
Ayudas directas
Por este motivo, la instructora requiere a la Administración autonómica para que en el plazo de diez días aporte las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, al tiempo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones que haya podido recibir de la Junta sobre "las ayudas directas exentas", todo ello en relación al periodo de 2001 hasta la actualidad.