Telefónica deberá pagar la multa récord de 151 millones de euros por abuso de posición dominante en la banda ancha después de que así lo haya dictaminado el Tribunal General de la Unión Europea, que rechaza los recursos interpuestos por España y la compañía. Mientras que Telefónica ya ha anunciando que recurrirá una sentencia con la que está en "total y profundo" desacuerdo, la Comisión Europea, que impuso la multa en 2007, se ha congratulado de que el fallo reconoce su poner de sancionar.
El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) confirmó ayer la multa récord de 151 millones de euros que la Comisión impuso a Telefónica en 2007 por abuso muy grave de posición dominante en el mercado español de banda ancha.
La sentencia rechaza los recursos interpuestos tanto por Telefónica como por el Gobierno español y respalda la decisión del Ejecutivo comunitario de sancionar a la compañía. Bruselas justificó la multa alegando que, entre 2001 y 2006, Telefónica cobró a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red, dejándoles un margen de beneficios insuficiente para competir.
La Comisión consideró que, con estas prácticas, el operador histórico español debilitaba a sus rivales, dificultando que mantuvieran su presencia y su crecimiento, y les obligaba a incurrir en pérdidas si querían igualar los precios minoristas de Telefónica. El resultado es que los consumidores españoles pagaban por el acceso a la banda ancha un 20 por ciento más que el promedio comunitario.
En su sentencia, el Tribunal de Luxemburgo confirma que "una compresión de los márgenes en un mercado pertinente puede constituir, en sí misma, un abuso de posición dominante".
También respalda el análisis de Bruselas según el cual "era probable que la conducta de Telefónica hubiese reforzado las barreras a la entrada y a la expansión en dicho mercado y que, de no haber existido las distorsiones resultantes del estrechamiento de márgenes, la competencia habría sido más intensa en el mercado minorista, de lo que se hubieran beneficiado los consumidores en términos de precio, de elección y de innovación".
Además, la sentencia rechaza el principal argumento que Telefónica esgrimió en su defensa: que se ajustó en todo momento y de forma escrupulosa a las exigencias de su regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la normativa española. Por ello la compañía alegó que la sanción de Bruselas creaba inseguridad jurídica.