El Gobierno español advirtió ayer a Argentina de que actuará para defender los intereses de Repsol en su filial YPF, en mitad de los rumores sobre supuestos planes para nacionalizar la petrolera y el "silencio oficial" del Gobierno de Cristina Fernández ante las advertencias de España y la UE.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quisieron dejar ayer claro que el Gobierno no se va a quedar impasible ante las decisiones de Argentina que dañen a una empresa española.
Cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol se considerará por parte del Gobierno español como una agresión, subrayó el titular de Exteriores tras reunirse con el embajador argentino en España, Carlos Bettini, en la sede de su departamento para trasladarle la preocupación del Ejecutivo español por la situación de YPF, controlada en un 57 por ciento por Repsol.
Margallo, que hizo un llamamiento al diálogo y a la negociación para solucionar el conflicto, indicó, no obstante, que España ya ha solicitado apoyos a socios y aliados y que ha habido contactos de la Comisión Europea con el Gobierno argentino.
Una Comisión Europea que respaldó ayer a España y urgió al Gobierno de la argentina Cristina Fernández a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su territorio.
"Nos ponemos del lado de España en esta situación", declaró tajantemente el portavoz comunitario Olivier Bailly durante una rueda de prensa en Bruselas.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, también expresó su apoyo a todas las gestiones del Gobierno "para salvar la situación" de YPF; mientras que Izquierda Unida pidió al Gobierno que "aparque las amenazas y su actitud colonialista".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría insistió en que España tomará las decisiones necesarias sin detallarlas.
"Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará", afirmó.
Sáenz de Santamaría, que rehusó detallar qué acciones se llevarán a cabo en caso de que Argentina nacionalice YPF, señaló que, de momento, no le consta que el Ejecutivo argentino haya tomado decisión alguna en este sentido.
Caen las acciones
A primera hora de ayer, Repsol aseguraba en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades argentinas en relación al futuro de YPF, que le aporta más de la mitad de su producción de hidrocarburos.
Según algunos medios argentinos, el Gobierno de Fernández de Kirchner prepara un proyecto de ley para tomar el control de YPF, en el que se declararía de utilidad pública y contempla la expropiación el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46 por ciento) y de Repsol (57,43 por ciento).
Un plan que negó el gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, tras participar en una reunión de provincias petroleras con la presidenta de Argentina.
Pero en mitad de los rumores y tras meses de creciente presión con la retirada de concesiones en diversas regiones, las acciones de Repsol cerraron ayer con un descenso del 2,73 por ciento, hasta los 17,47 euros; mientras que las de YPF caían más del 4 por ciento en Buenos Aires y un 5,32 por ciento en Wall Street.