La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge un recorte del 15 por ciento en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado.
Así lo avanzó la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, que atendió a los medios de comunicación tras abandonar el Consejo Territorial de Dependencia que reunió ayer por la tarde en Madrid a la ministra Ana Mato y los responsables autonómicos del ramo para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debiera aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.
Rojas explicó que, además del citado recorte, pensado "para desincentivar los cuidados familiares", se primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90 por ciento de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas y, el diez por ciento restante, será para las que más servicios (plazas residenciales, por ejemplo) mantengan.
Asimismo, apuntó otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.
En cuanto al Real Decreto que revisará el copago, asunto que también se ha visto en la reunión, Rojas señaló que "se ha mejorado" el texto inicial incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y concretó que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del IPREM como referencia de la capacidad económica del usuario "para que las personas con menos renta no paguen tanto".