El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda de 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su CCAA o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia.
Así figura en el Real Decreto-ley que prorroga por tercera vez el programa de recualificación profesional (conocido como plan PREPARA), que se pubicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor hoy, con efecto retroactivo desde el 16 de agosto.
Para percibir ese apoyo financiero se exigirá que los parados que ya no perciban la prestación o el subsidio de desempleo lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses o bien tengan cargas familiares.
Cuando dejen de cobrar la prestación o el subsidio, los parados tendrán que realizar "durante un período mínimo de treinta días acciones de búsqueda activa de empleo, las cuales se deberán acreditar en el momento" de la solicitud de la ayuda de 400 euros.
Un trabajillo
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, entre esas acciones puede incluirse, por ejemplo, un trabajo que haya durado unos días o unas pocas semanas y, en consecuencia, no genere derecho a prestación.
En cualquier caso, los técnicos de Trabajo ultiman el desarrollo reglamentario de los requisitos de acreditación, que no serán muy diferentes de los que ya se aplican para cobrar las prestaciones de desempleo, señala un portavoz del organismo encabezado por Fátima Báñez.
Además, los nuevos requisitos de acreditación de búsqueda de empleo durante 30 días no serán aplicables a los solicitantes que agotaran la prestación por desempleo antes del 16 de agosto, fecha a partir de la cual se aplicarán las condiciones del Real Decreto-ley.
Los solicitantes de la ayuda de 400 euros también deberán aportar un certificado emitido por su Comunidad Autónoma o entidad local "donde se haga constar la percepción o no" de todos aquellos subsidios (con su correspondiente cuantía) que pudieran cobrar el beneficiario y/o su unidad familiar.