Más mil personas se manifestaron ayer por el centro de Madrid, convocadas por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT y la Plataforma para Todos, para pedir la retirada de lo que han denominado el "tasazo" judicial y, con ella, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Durante la manifestación, que transcurrió entre la plaza de Cibeles y la sede del ministerio de Justicia en Madrid, los manifestantes corearon gritos en contra de la ley de tasas judiciales y la "privatización del Registro Civil". "Arriba, arriba, arriba, vamos entre todos a parar la reforma judicial", "No a las tasas, justicia para todos", "Arriba, abajo, las tasas al carajo", "El Registro no se vende, se defiende", "Sin Justicia no hay derechos" o "Indultan al ladrón y hunden al obrero" fueron algunas de las frases que corearon durante la marcha. Pero también se repitieron otras que ya se oyeron el viernes frente a la sede del PP de Madrid en contra de la corrupción, como "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero".
La cabecera de la manifestación portaba una pancarta en la que se leía "Gallardón acaba con la justicia para todos", una idea en la que se indició durante la lectura del manifiesto final de la marcha, en el que se exigió al Gobierno que sea "capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y los efectos negativos que tienen en la ciudadanía" estas reformas. En ese sentido, pidieron un amplio pacto de estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva administración de Justicia y facilitar el acceso a la jurisdicción sin trabas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A la marcha asistió la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, quien quiso manifestar su desacuerdo con esta ley y las consecuencias para el acceso al derecho de la justicia de todos los ciudadanos. "Espero -dijo a Efe- que nos escuche porque todos los operadores jurídicos estamos alineados en que esta ley limita un derecho fundamental que es el acceso a la justicia de los ciudadanos. Está obligado a escucharnos".
Por su parte, Eli Sanchez, coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, hizo hincapié en que el Gobierno pretende con las tasas "que la gran población no se defienda" y avanzar hacia una justicia que será "un privilegio para unos pocos".
Marian Rubí, del sector de Justicia de Valencia de CCOO, insistió en "la gran represión" que va a suponer, a su juicio, la ley de tasas para la ciudadanía cuando quiera acceder a defender sus derechos delante de los tribunales".
Francisco José Cervera, responsable de justicia de Csif en la Comunidad Valenciana, consideró que las nuevas reformas suponen "cambios muy drásticos en una administración fundamental".