El Gobierno y el PSOE han acordado proponer que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el Banco de España ostenten respectivamente la presidencia y vicepresidencia de una comisión de seguimiento para supervisar los procedimientos de arbitraje de preferentes y deuda subordinada comercializadas por las entidades nacionalizadas a particulares, según el texto de un acuerdo entre el PP y el principal partido de la oposición al que tuvo acceso Europa Press.
Este acuerdo persigue realizar un seguimiento de los resultados de los arbitrajes que se apliquen en las nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia). Este mecanismo pactado se extendería igualmente a nuevas entidades que en un futuro requieran de ayudas públicas.
El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el filtro de solicitudes.
La comisión, también formada por la Secretaría General de Sanidad y Consumo-Instituto Nacional de Consumo, la del Tesoro y Política Financiera, elaborará un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.
Transparencia
También se perseguirá elevar propuestas al Gobierno tendentes a mejorar la transparencia de la comercialización de los productos financieros y protección de los pequeños ahorradores.
La comisión tendrá competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos. La composición de la comisión se completaría con las consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Ante el problema de la mala comercialización minorista de instrumentos híbridos en las entidades Catalunya Banc y NovaGalicia Banco, a lo largo del segundo semestre de 2012 se pusieron en marcha sendos procedimientos de arbitraje público para ofrecer una solución a los afectados.