Endesa cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 476 millones de euros, el 23,3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2012, lastrada por el impacto de los nuevos impuestos energéticos en España y el mayor coste de la energía en Brasil.
La eléctrica, controlada por la italiana Enel, detalló ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el beneficio neto en España y Portugal se redujo un 28,8 por ciento, hasta los 338 millones de euros; mientras que el de Latinoamérica cayó un 5,5 por ciento con 138 millones.
Endesa cerró el periodo con unos ingresos globales de 8.166 millones, un 5,6 por ciento menos; y un ebitda de 1.682 millones, un 7,9 por ciento inferior al del primer trimestre de 2012. La generación total se redujo un 13,5 por ciento con 32.163 gigavatios-hora (GWh).
En España, la eléctrica señala que las medidas fiscales que entraron en vigor en enero tuvieron un impacto de 145 millones, una cifra que se eleva a 232 millones si se suman los cambios normativos aplicados en 2012, como el recorte a la distribución.
A esto se ha sumado la menor producción de Endesa en España -con una caída del 21,8 por ciento- por el descenso de la demanda y la mayor aportación de las renovables.
No obstante, la alta hidraulicidad del periodo, que ha bajado los precios en el mercado mayorista, y el "importante esfuerzo" en el control de costes han permitido a la eléctrica mitigar el impacto negativo en el ebitda de España, que ha caído un 6,6 por ciento, hasta los 971 millones.
Ante los analistas, la situación regulatoria en España ha vuelto a tener mucho protagonismo. El consejero delegado de la eléctrica, Andrea Brentan, ha planteado que el Estado asuma hasta 2.700 millones de euros del denominado déficit de tarifa estructural, que ronda los 4.000 millones anuales, ya que esta deuda se ha generado por las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos.
Es "justo" que el Estado asuma parte de este problema, en concreto el importe derivado de los costes de financiar el déficit, que rondan entre 2.200 millones y 2.700 millones anuales, mientras que el resto deberá ir al mercado, ha afirmado el directivo. Brentan también ha abogado por que se mantengan los recortes a la fotovoltaica, que suponen entre 500 y 700 millones de euros al año.