La Unión Europea logró ayer un principio de acuerdo para reformar la Política Agraria Común que mantiene un 'pago verde' o 'greening' del 30 por ciento y limita al 60 por ciento de la ayuda media de una región la convergencia interna que no gustaba a España, según fuentes en la negociación. Con todo, el pacto tendrá que ser validado por la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
Entre los elementos del acuerdo figura la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, la fecha pactada por los ministros de Agricultura de la UE horas antes, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento, han informado a Europa Press fuentes de la presidencia irlandesa de la UE.
La Comisión europea, la Eurocámara y la presidencia irlandesa de la UE concluyeron pasado el mediodía la última ronda de negociaciones, según el portavoz del Ejecutivo comunitario para asuntos agrícolas, Roger Waite.
Varios eurodiputados presentes en la reunión a puerta cerrada anunciaron el acuerdo a través de las redes sociales, aunque sin revelar detalles del mismo y advirtiendo de que lo pactado requiere aún el visto bueno en comisión europarlamentaria.
El acuerdo necesita formalmente el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los 27, lo que alargará la tramitación hasta el otoño.
Los ministros de Agricultura de la UE negociaron durante los últimos tres días en Luxemburgo una revisión de su posición negociadora, con el objetivo de acercarse a las exigencias de la Eurocámara.
Entre sus líneas básicas figuraba limitar la convergencia interna al 60 por ciento de la ayuda media de una región, para que el reajuste en el reparto de los apoyos suponga que en el horizonte de 2019 todo agricultor recibirá al menos un 60 por ciento de la ayuda media en su región.
Esta medida, no obstante, estará condicionada a que su aplicación no implique pérdidas mayores del 30 por ciento para ningún agricultor. España ha sido uno de los países más exigentes para flexibilizar al máximo esta 'tasa plana'.
Los 27 también defendían en la negociación la exención para los pequeños agricultores, de modo que aquellos que perciban menos de 1.250 euros por año no deberán ajustarse a la convergencia.