El Consejo de Ministros abordará hoy una propuesta del Ministerio de Industria para recurrir la decisión de la Comisión Europea (CE) que obliga a España a devolver las ayudas del sector naval ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso.
El titular de Industria, José Manuel Soria, ha recordado que Bruselas no puso objeciones al sistema de bonificaciones fiscales para la financiación de la construcción de buques (tax lease) hasta 2009 y que los astilleros, armadores e inversores siempre actuaron "en base al principio de confianza legítima".
El Ejecutivo comunitario dictaminó el miércoles que los beneficiarios de las ayudas deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, y no desde 2005, como se había planteado inicialmente.
Sin embargo, España, a pesar de que reconoce que la decisión final es mejor que las primeras propuestas, defiende que la devolución debe afectar a lo recibido desde 2011, momento en el que se puso la denuncia.
Soria, que anteayer ya apuntó la posibilidad de llevar a los tribunales la decisión de la Comisión, ha anunciado que planteará al al Consejo de Ministros solicitar al Tribunal de la UE "que se establezcan medidas cautelares para suspender la devolución efectiva de esas ayudas mientras se sustancia el recurso".
La posibilidad de solicitar una suspensión cautelar también ha sido apuntada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, y por el Gobierno del País Vasco, las dos comunidades autónomas más afectadas.
Feijoo ha apostado también por "minimizar al máximo" los efectos de la devolución de ayudas si se rechazan la medidas cautelares y ha propuesto que Hacienda comience a calcular el menor impacto posible de la resolución en los inversores que participaron en la financiación de la construcción de buques entre 2007 y 2011.
Los sindicatos, por el contrario, tienen reservas sobre la vía judicial. El representante de CCOO del sector naval, Ramón Sarmiento, ha señalado que el recurso "no es el método más oportuno" para dar seguridad jurídica a los armadores e inversores y que vuelvan a contratar nuevos buques.
Desde UGT, Diego Atanes ha pedido a Bruselas que establezcan una "herramienta financiera homologada" para el sector.