La Comisión Europea ha dejado claro que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE, lo que ha sido recibido con recelo por un Govern que espera acercar al PSC al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir con el aval parlamentario de los socialistas al texto fundacional de esta plataforma pro-consulta.
Tras un fin de semana marcado por la repuesta por carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, sobre la consulta de autodeterminación, la Comisión Europea aseguró ayer que si un territorio de la UE se independizara de un Estado miembro, dejaría también de formar parte del club comunitario.
En respuesta a una pregunta sobre el debate de la pertenencia de Cataluña a España, la portavoz de la CE, Pia Ahrenkilde, ha señalado que "un Estado independiente será, por efecto de su independencia, un estado tercero respecto a la Unión Europea y los tratados (comunitarios) no serán aplicables en su territorio desde el día de su independencia".
Esta opinión se ha sumado a la del vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, que ha situado a Cataluña fuera de la Unión Europea si se independiza de España, aunque ha apelado a la vez al diálogo entre Cataluña y España para resolver este conflicto.
El Govern ha puesto en duda estas afirmaciones al señalar que no existen artículos de la UE que digan que Cataluña saldría de la Unión ni lo contrario.
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha señalado que en estos procesos no existe "un manual de instrucciones" de cómo crear un Estado propio ni tampoco "automatismos" sobre el proceso.
Diferente ha sido la posición del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que ha afirmado que "guste o no la posición de la UE, es el marco que establecen los tratados", y ha añadido: "No me sorprenden Almunia ni la portavoz oficial de la Comisión".
En cuanto a la misiva de Rajoy a Mas, el PPC ha llamado al presidente catalán a la responsabilidad para solucionar los "verdaderos" problemas de los catalanes y su líder, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que la consulta queda excluida de cualquier negociación por ser ilegal y no caber en la Constitución.
Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha apuntado que en el marco de la reforma de la Constitución que propone su partido "cabe todo" y "cabe por supuesto el debate" sobre legalizar el derecho a decidir.
Escéptica con las posibilidades de pacto con el Estado, ERC ha instado, en cambio, a pactar "una separación amistosa" entre Cataluña y España, así como a preparar una consulta bajo "legalidad catalana".
Por su parte, ICV ha pedido que, una vez superada la "fase epistolar" entre los presidentes Artur Mas y Mariano Rajoy, la comisión parlamentaria sobre el derecho a decidir concrete cómo se consulta a los ciudadanos.