El Gobierno tildó ayer de «repugnante» el acto convocado hoy en Durango (Bizkaia) en el que participarán los 63 expresos de ETA liberados tras la derogación de la doctrina Parot, cuya celebración está a expensas de la decisión del juez Santiago Pedraz en función de los informes policiales que ha solicitado.
El magistrado de la Audiencia Nacional no ha anunciado aún si prohibirá el acto, aunque la Fiscalía de la Audiencia comunicó ayer tarde que no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria y pidió a Pedraz que esté vigilante ante cualquier acción que pueda ser delictiva.
Los medios de comunicación han sido convocados a este acto a las 12:30 horas en el Kafe Antzokia de Durango y según la nota remitida por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) la razón de la cita es valorar el reciente comunicado de este mismo colectivo en el que los presos de ETA reconocían el «sufrimiento y daño multilateral» causado y aceptaban someterse a los cauces legales para conseguir excarcelaciones de forma «escalonada» e «individual».
Tanto la asociación Dignidad y Justicia como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido en la Audiencia Nacional la prohibición de este acto por considerar que su finalidad es apoyar al resto de los miembros de ETA que se encuentran encarcelados.
Pedraz pidió un informe a la Ertzaintza sobre este acto, concretamente sobre «la reunión, persona o personas y organización convocante, participantes en la misma, medio por el que se efectúa la convocatoria y su relación con ETA».
La Ertzaintza ha remitido al juez datos sobre la reserva del lugar en el que se ha convocado la rueda de prensa y una comida posterior, así como la nota remitida a los medios.
Pero Pedraz pidió ayer mismo nuevos informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, después de que también lo solicitara anteayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Según Dignidad y Justicia, la convocante del acto es KT1 (Koordinatzio Taldea), una «subestructura del EPPK» dirigida por Arantza Zulueta, abogada imputada en una causa que investiga a varias personas que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos.
A la espera de la decisión que adopte el juez sobre la prohibición o no del acto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachó ayer de «repugnante» la convocatoria.