La familia Pujol afronta a partir de este lunes un mes de enero clave en su «vía crucis judicial», enfrascados en varias causas abiertas, ya que seis de sus miembros desfilarán por los juzgados para declarar como imputados, empezando por el exsecretario general de CDC Oriol Pujol.
Oriol Pujol, el único miembro de la familia que siguió los pasos del patriarca en la política, comparecerá mañana lunes ante la juez de Barcelona que investiga la trama de las ITV, ahora como imputado por otro supuesto caso de cohecho, ante las sospechas de que cobró comisiones para beneficiar proyectos de un empresario amigo, entre ellos en procesos de deslocalizaciones industriales.
La de Oriol Pujol no será la única visita de la familia este mes a los juzgados, ya que para el martes 27 de enero otro juez de Barcelona ha citado como imputados por fraude y blanqueo a Jordi Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere, a raíz de la confesión del expresidente catalán de que durante años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero.
La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona interrogará a Oriol Pujol este lunes en una derivada de la trama de las ITV, ante los indicios de que entre 2008 y 2012 cobró supuestamente unos 500.000 euros en comisiones por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo.
Oriol Pujol fue imputado por el TSJC por primera vez en el caso de las ITV el 19 de marzo de 2013, cuando todavía era diputado de CiU, por un delito de tráfico de influencias, ante los indicios que lo vinculaban con un intento de amañar la adjudicación de estaciones de ITV.
Justo un año después, el 19 de marzo de 2014, Oriol Pujol sumó una segunda imputación en el mismo proceso, en este caso por cohecho, por lo que poco después dimitió de sus cargos al frente de Convergència Democràtica de Catalunya y abandonó su escaño en el Parlament, por lo que el caso volvió a la Justicia ordinaria.
El juez instructor del caso le imputó en diciembre pasado por un nuevo delito de cohecho, por el que tendrá que dar explicaciones mañana, día en el que también serán interrogados como imputados su esposa, Anna Vidal, y Sergi Alsina, empresario y amigo íntimo del exdiputado de CiU, ambos también imputados en la causa de las ITV.
Pero el día de enero que la familia Pujol tiene marcado en rojo en el calendario es el martes 27 de enero, cuando comparecerán como imputados el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y tres de sus hijos: Marta, Mireia y Pere.
El desfile de los Pujol en los juzgados coincide en el calendario con las negociaciones para que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoque elecciones anticipadas para darles un carácter plebiscitario sobre la independencia de Catalunya.
La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que investiga la fortuna oculta por Jordi Pujol, imputó en diciembre pasado a estos cinco miembros del clan por indicios de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, al considerar «sospechoso» que sus fondos provengan de una herencia de más de 30 años sin documentar.
De hecho, la defensa de Jordi Pujol ha aportado al juzgado el testamento de su padre Florenci, en el que no figura la fortuna que el expresidente catalán ocultó durante 34 años en el extranjero y que, según su versión, obedecía a un dinero que le legó su progenitor para que lo diera a sus hijos cuando fueran mayores.
La juez ha citado para el próximo 27 de enero a Marta Ferrusola y a tres de sus siete hijos porque fueron los que en julio pasado regularizaron los fondos procedentes de Andorra a través del Banco de Madrid, así como al expresidente catalán dado que en su carta de confesión se hizo responsable de esa fortuna oculta.
Otros dos hijos de la familia Pujol tienen abiertas causas paralelas en la Audiencia Nacional: Jordi Pujol Ferrusola por blanqueo y delitos contra la Hacienda, y Oleguer, que llegó a ser detenido unas horas en su casa de Barcelona el pasado 23 de octubre por un caso de presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Impuesto polémico
El impuesto sobre los depósitos bancarios fue creado en 2013 por el Gobierno con la intención de dar un «tratamiento homogéneo» a un tributo que estaban implantando algunas comunidades. Con la regulación estatal, el impuesto desapareció en las autonomías.
El año pasado, el Ejecutivo elevó el tipo al 0,03 por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2014, para lograr una recaudación con la que compensar los ingresos previstos por las autonomías. Para 2015, la estimación ronda los 316,7 millones de euros.
Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, «potenciar y garantizar» la unidad de mercado, según el Ejecutivo.
El asunto ha provocado el intercambio de recursos entre las comunidades que habían regulado el impuesto y el Estado. La primera sentencia del Tribunal Constitucional llegó en 2012 y dio la razón a la Junta de Extremadura, pionera en crear estre tributo para aumentar su recaudación.
El alto tribunal avaló la capacidad de la comunidad para regular el impuesto por entender, entre otros argumentos, que no supone una traba a la libre circulación de capitales.